En el conflicto entre los poderosos intereses de las multinacionales mineras y los combativos trabajadores, campesinos y demás sectores populares de Cajamarca, el gobierno de Ollanta Humala ha decidido apoyar a los primeros, declarando el estado de emergencia y deteniendo arbitrariamente a los dirigentes del paro regional indefinido de los cajamarquinos. Es un error gravísimo que demuestra además que en Perú como en el resto de América Latina, es imposible buscar un equilibrio entre las demandas populares y los apetitos del capital imperialista multiplicados por la crisis mundial del capitalismo.