El martes 24 de mayo estaba previsto que se entregara a la policía el rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc, para cumplir su condena a tres años y medio de cárcel por "enaltecimiento del terrorismo", "injurias a la Corona" y "amenazas" en sus letras. Antes que cumplir condena por sus opiniones ha decidido huir del país e ir al exilio. La lista española de exiliados políticos suma un nuevo miembro.
La sentencia contra Valtonyc, diseñada expresamente para mandarlo a la cárcel, pretendía ser una sentencia ejemplarizante, una advertencia para los demás, y es parte del asalto general a los derechos democráticos y la libertad de expresión que están llevando a cabo el gobierno reaccionario de PP-Ciudadanos y la reaccionaria judicatura. Hay que señalar que Valtonyc ha mantenido en todo momento una actitud valiente y desafiante frente a su condena, expresada en sus apariciones televisivas, en sus mensajes en las redes sociales o en el título de su nuevo.
Conforme se acercaba la fecha de su entrada en prisión, se acrecentó la campaña de solidaridad con Valtonyc, con el lanzamiento del vídeo colectivo “Los Borbones son unos ladrones”, conciertos y apariciones públicas de Valtonyc en varias ciudades, manifestaciones y actos a menudo acompañado por Pablo Hasel, también condenado a un total de cinco años de prisión en dos sentencias separadas por el contenido de sus letras. Tanto el miércoles 23 como el jueves 24 se celebraron manifestaciones en varias ciudades contra el encarcelamiento de Valtonyc. Los días previos a la prevista detención de Valtonyc, decenas de internautas adquirieron pasajes de avión a nombre de Valtonyc como una forma despistar a la policía.
Finalmente, se ha sabido que Valtonyc salió del país hace unas dos semanas, con destino Bélgica. De nuevo, como en la huida de Puigdemont, el dispositivo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil para vigilar al reo e impedir su huida acabó en fracaso. No son tan poderosos. Este caso es un nuevo golpe al prestigio internacional del gobierno español, el poder judicial y sus fuerzas de seguridad. Como era previsible, el ministro Catalá ha anunciado una euroorden de detención contra Valtonyc, lo que puede terminar en una nueva humillación para el reaccionario poder judicial español, después del fracaso de sus peticiones de extradición de políticos independentistas por parte de Bélgica y Alemania, lo que acrecienta su descrédito internacional.
Ataques a la libertad de expresión
Hay dos elementos comunes en varios de los actuales juicios y sentencias contra la libertad de expresión en España. Uno es la acusación de "enaltecimiento" o "apología" del terrorismo, que el PP modificó en 2015 para incluir los mensajes difundidos en internet. Es una categoría muy amplia que está siendo usada de forma escandalosa para coartar la libertad de expresión y está dirigida solamente contra la izquierda. Un ejemplo es el caso del colectivo Straight Edge (SXE) de Madrid, que han sido imputados por terrorismo. Las pruebas contra ellos incluyen tuits del tipo "Muerte al capitalismo" o "Goku vive, la lucha sigue"[1].
El periodista Alex García, creador de Resistencia Films, fue citado por la Audiencia Nacional por los cargos de "enaltecimiento" del terrorismo por el material que publicaba en su canal: fundamentalmente entrevistas y reportajes de luchas sociales, así como entrevistas con antiguos miembros del GRAPO. Se enfrenta a dos años de cárcel[2].
El otro común denominador en muchos de estos casos es la acusación de "injurias a la Corona". Algo particularmente escandaloso, ya que la monarquía es una de las instituciones más desacreditadas del régimen del 78. La reciente encuesta deIpsossobre la monarquía señala que un 52% de los ciudadanos sería partidario de un referéndum sobre monarquía o república, un 37% sería partidario de abolición de la monarquía y sólo un 23% sería contrario. La clase dominante está preocupada por la creciente oposición a la monarquía, y usa la ley para tratar de atemorizar y callar a la gente, lo que está consiguiendo el efecto contrario.
En febrero próximo arranca el juicio por los incidentes de la noche del 15 de mayo de 2011, la noche en que comenzó el 15M. La Fiscalía pide para 13 de los imputados penas de seis años de cárcel y un año y seis meses para la restante[3]. Adri, un activista del CDR de Esplugues de Llobregat, ha tenido que pasar a la clandestinidad para evitar ser detenido, acusado de terrorismo, por un corte de carretera pacífico[4]. El periodista Boro, de La Haine, ha sido acusado de atentado contra la autoridad y puede ser condenado a seis años de cárcel por el Rodea el Congreso de 2012 (cuando fue él el agredido)[5]. Decenas de activistas catalanes encaran juicios por actos de desobediencia civil en la lucha por la autodeterminación... Y, por supuesto, está el tema de Altsasu.
Tal vez el ejemplo más ridículo sea el de la denuncia de Abogados Cristianos contra Willy Toledo por "ofensa a los sentimientos religiosos" (blasfemia con nombre moderno). Toledo se negó a comparecer en el juzgado, alegando que ni Dios ni la Virgen estaban citados como testigos, lo cual era cierto. Aparte de lo absurdo de este caso, es un ejemplo más de las restricciones a la libertad de expresión.
Recientemente, la Comisión Europea ha anunciado que abre una investigación a España por sus ataques a la libertad de expresión[6], tras la intervención en el Parlamento Europeo del colectivo "No callarem" (representado entre otros por Pablo Hasel y el periodista Boro de La Haine), con el apoyo de eurodiputados de la izquierda. No se puede esperar nada de las hipócritas instituciones europeas, que toleran los ataques a la libertades democráticas de gobiernos reaccionarios como los de Polonia o Hungría o los de sus "socios preferentes" Turquía y Marruecos, pero es un síntoma de la repercusión internacional que está teniendo la escalada represiva en el Estado español, sobre todo a partir del 1 de octubre.
Organicemos la lucha por la libertad de expresión
Hay que señalar la dejación de funciones que la izquierda estatal está haciendo ante este asalto a las libertades democráticas y la libertad de expresión. Izquierda Unida ha condenado claramente el encarcelamiento de Valtonyc y el jueves anunció que le ofrecerán alojamiento en cualquier parte de Europa en que se encuentre. Hasta ahora Podemos, enfrascada en su crisis interna, ha permanecido en silencio. Ambas organizaciones deberían haber organizado un frente común en defensa de los derechos democráticos para coordinar actos y manifestaciones a nivel estatal, debían haber aprovechado sus posiciones institucionales para atraer la atención general sobre éste y otros casos, haber organizado una marcha a Madrid etc. Es posible forzar la derogación de la odiada Ley Mordaza, así como eliminar del Código Penal el "enaltecimiento del terrorismo" y las "injurias a la Corona". Sin embargo, los dirigentes de Podemos e IU en su mayoría se han mantenido en silencio o han rehusado usar todo su músculo para organizar una campaña seria.
Frente a esta inacción de las organizaciones de la izquierda, la solidaridad con los detenidos y encausados se está articulando precariamente por abajo, a través de pequeños colectivos. Ha habido movilizaciones semiespontáneas por los casos de Hasel y Valtonyc a lo largo de este curso, que expresan la rabia y la frustración de una capa importante de la juventud ante estos ataques. Hay que coordinar todos estos esfuerzos en una gran plataforma estatal por los derechos democráticos con todas las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera para que la defensa de los derechos democráticos y la libertad de expresión no sea un tema menor, sino una cuestión central para el movimiento obrero en el Estado español. Sólo la movilización de masas puede dar una respuesta adecuada.