Después que el gobierno español consiguió que su paquete de austeridad de 65.000 millones de euros fuera aprobado por el Parlamento, millones de personas salieron a las calles en manifestaciones sin precedentes contra los recortes el 19 de julio.

Al día siguiente, el gobierno regional valenciano pidió el rescate al gobierno central (por un importe de 3.500 millones de euros), la prima de riesgo de los bonos españoles alcanzó un nuevo récord de 610 puntos básicos, mientras que los bonos a 10 años subieron hasta un 7,3%. La economía española está al borde del rescate.

Las grandes manifestaciones el 19 de julio se produjeron después de una semana de manifestaciones diarias en un movimiento desde abajo, al principio espontáneo, con cortes de tráfico por parte de los funcionarios públicos, que están particularmente afectados por esta última ronda de recortes de austeridad. Miles de trabajadores, en un movimiento totalmente espontáneo desde abajo, salieron diariamente de los ministerios, instituciones estatales, tribunales, universidades, hospitales, etc y bloquearon las carreteras. El movimiento comenzó en el día que el gobierno anunció los recortes, coincidiendo también con la llegada de la marcha de los mineros a Madrid.

La enorme manifestación que recibió a los mineros en Madrid en la noche del 10 de julio reflejaba la ira masiva acumulada después de una oleada tras otra de recortes y medidas de austeridad impuestas a los trabajadores. Fue una demostración de apoyo a la lucha de los mineros, en huelga indefinida desde el final de mayo, que son vistos como un sector que lucha contra los cortes con un movimiento audaz y radical. Al mismo tiempo, el hecho de que cientos de miles de personas salieran a apoyar a los mineros le dio a millones de trabajadores la idea de que hay una mayoría que se opone a estas medidas y que la única manera de avanzar es la lucha. No es por casualidad que los primeros sectores en salir fueron los funcionarios públicos en el Paseo de la Castellana en Madrid, donde se dio la marcha minera el 11 de julio.

Este movimiento es la continuación de la explosión de ira del año pasado, de los indignados, pero a un nivel superior. Se podría decir que este es un movimiento de indignados obrero. Una de las principales consignas en las dos grandes manifestaciones de apoyo a los mineros en Madrid del 10 de julio y 11 de julio fue "¡Viva la lucha de la clase obrera!".

Los bomberos de Madrid han estado a la vanguardia de muchas de estas manifestaciones. Este es otro sector de la clase obrera muy unido y con fuertes lazos de solidaridad. Ellos estaban entre los primeros en recibir a los mineros, en el límite de la Comunidad de Madrid. Los bomberos organizaron el servicio de orden que permitió a los mineros marchar y avanzar a través de la multitud que les recibía en la noche del 10 de julio.

Pero aún más significativo ha sido el papel de los agentes de policía en las protestas de los últimos días. A partir del 11 de julio, cuando los recortes fueron anunciados en el Parlamento, manifestaciones espontáneas de los agentes de policía se han llevado a cabo a diario en Madrid. Los agentes de policía han llegado a imprimir camisetas que los identifica como indignados. En otra manifestación varios agentes de policía llevaban una bandera española oficial con el símbolo de la monarquía (no es algo común en las manifestaciones sindicales), pero en la que estaba escrita: "para servir al pueblo, no a los banqueros".

Esto ha llevado a situaciones en las que las manifestaciones no autorizadas e ilegales, tanto de los agentes de policía y bomberos, como de otros funcionarios, han ido hasta las puertas del Congreso, donde los agentes de policía fuera de servicio han hecho un llamamiento a la policía antidisturbios, que lo protegía con vallas, a unirse a los manifestantes.

En un caso concreto, el domingo 15 de julio, un camión de bomberos fue utilizado por los manifestantes para cruzar a través de las líneas de la policía antidisturbios y permitir seguir a la marcha. En otro incidente, decenas de furgones de la policía (97 de acuerdo a un informe) aparecieron con los neumáticos pinchados en la víspera de las manifestaciones del 19 de julio. Esto se llevó a cabo dentro de las cocheras oficiales de la policía y, por lo tanto, se piensa que el vandalismo fue obra de la acción de uno o varios agentes de policía.

El viernes, 20 de julio, durante una ceremonia de graduación en Barcelona, 546 nuevos oficiales de policía dieron la espalda a las autoridades y aplaudieron a un grupo de sindicalistas que protestaban en contra de los recortes a los funcionarios públicos. En Valencia, agentes de policía en uniforme estuvieron presentes en la protesta el 19 de julio.

Así como ha habido una ira enorme entre los agentes de la policía, también ya hubo en términos enérgicos en las declaraciones de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), oponiéndose a los recortes, llamando al “trabajo a reglamento”y amenazando con protestas y nuevas manifestaciones.

La acumulación de presión después de la demostración de los mineros en Madrid fue tal que los sindicatos se vieron obligados a llamar a un día de manifestaciones de protesta, con manifestaciones en las principales ciudades. Esto, que en otras circunstancias habría tenido poco impacto (como en un llamado anterior que hubo por parte de UGT y CCOO a manifestarse por la tarde), en esta ocasión tuvo el efecto de canalizar el cabreo masivo, que se había ido acumulando.

De acuerdo con cifras que manejan los sindicatos, se manifestaron en Madrid 800.000, y 400.000 en Barcelona, de un total de millones de personas que se manifestaron en más de 80 ciudades y pueblos de todo el país. Se trataba de grandes manifestaciones, en la mayoría de los casos mayores que las de la huelga general del 29 de marzo, lo que en algunos casos significa las manifestaciones obreras más importantes en décadas. Había un ambiente de confianza, “Sí Se Puede”, era una de las principales consignas. Estas manifestaciones también vieron una muestra sin precedentes de la unidad de todos los sectores de la clase obrera, incluso en Galicia, donde los sindicatos nacionalistas y estatales marcharon juntos (aunque éste no fue el caso en el País Vasco, donde ELA y LAB no participaron, a pesar de que han anunciado una huelga general vasca el 26 de septiembre).

Una encuesta de opinión mostró que el 82% de la población (incluido el 65% de los votantes de la derecha gobernante del PP) piensan que los funcionarios públicos tienen razón en sus protestas.

Los que marcharon el 19 de julio no consideraban esa manifestación como un acto aislado. Hay una comprensión de que sólo una lucha sostenida y militante forzará al gobierno a retirarse. Como una indicación de este estado de ánimo, al final de la manifestación de Madrid, ya las once de la noche, un grupo de bomberos se pusieron a la cabeza de una multitud de varios miles y decidieron marchar por la Carrera de San Jerónimo, que lleva al Congreso. Como era de esperar, se encontraron con varias líneas de vallas, las furgonetas y la policía antidisturbios. Los bomberos lograron romper varias de las líneas y se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo con los antidisturbios. Finalmente, decidieron retirarse y, después de varias cargas de la policía por el centro de Madrid, el grupo se disolvió. Una vez más, la policía cargó contra los manifestantes y gente ajena a la protesta por igual, particularmente en el popular barrio de Lavapiés, destrozando terrazas de los bares, etc.

El viernes 20 de julio, una delegación de Izquierda Unida se reunió frente al Palacio de la Moncloa (sede oficial del Presidente) para emitir una declaración llamando a una rebelión en contra de los recortes.

El fin de semana último, miles salieron a las calles otra vez en Madrid para dar la bienvenida a una marcha de desempleados. En Galicia, mientras, se produjo una protesta de miles de pequeños inversores que fueron engañados con la venta de “acciones preferentes” por parte de los bancos.

Pánico en los mercados

Mientras tanto, como era de esperar, la aprobación del paquete de austeridad en el Parlamento no ha servido para "tranquilizar a los mercados". El paquete de recortes es parte de un Memorando de entendimiento con la Unión Europea, que ha sido firmado a cambio de un rescate de los bancos españoles de hasta 100.000 millones de euros.

El viernes 20 de julio fue un día negro para la economía española en los mercados. Las acciones se desplomaron un 5,8% (con las acciones de los bancos perdiendo un 7%), el diferencial entre los bonos españoles y alemanes se disparó a un nuevo récord de 610 puntos básicos, con lo que los rendimientos de los bonos a 10 años llegaron a casi el 7,3%.

Como ocurrió antes, en Portugal y Grecia, todos los anuncios de "medidas para tranquilizar a los mercados" son seguidos por más "pánico". La razón no es difícil de entender. Aunque hay un fuerte elemento de especulación e irracionalidad en el comportamiento de los "mercados financieros" (los capitalistas), la verdad es que estos reflejan de forma distorsionada, duras realidades económicas.

Medidas como reducir los salarios de los funcionarios públicos, aumentar la tributación de los trabajadores (a través de aumentos en la tasa del IVA), reducir las prestaciones por desempleo, etc tendrán la consecuencia inevitable de la profundización de la recesión (como el consumo de electricidad y gas refleja), lo que conduce a un mayor colapso de los ingresos fiscales y un aumento de la presión sobre el gasto social.

The Economist Intelligence Unit lo explica claramente:

"Las razones principales que explican el nivel actual del déficit presupuestario son la caída de los ingresos, debido a la contracción económica y el aumento del gasto en prestaciones sociales, que también es una consecuencia del mal estado de la economía. Las medidas anunciadas tratan de abordar estas cuestiones pero dañarán finalmente a la economía, más que ayudar a las finanzas públicas".

Esto es por supuesto un solo lado de la ecuación: los recortes profundizarán la recesión y aumentarán el déficit y la deuda, y esto lleva a más dudas por parte de los inversores en cuanto a si España será capaz de pagar su deuda, pidiendo una tasa de interés más alta para asumir ese riesgo.

La otra cara de la moneda es que si el gobierno no toma medidas para reducir el déficit, entonces los inversionistas sacarán exactamente la misma conclusión que ya se estaban sacando, y exigían tasas de interés más altas (más del 7%) para prestar dinero a España. En otras palabras, dentro de los límites del sistema capitalista cualquier cosa que hagan será un error y sólo servirá para empeorar la situación.

Hoy, lunes 23 de julio, ya está siendo descrito como un "lunes negro" para la economía española. Otro gobierno regional ha pedido la ayuda del gobierno central (Murcia), la economía española se ha contraído un 0,4% en el segundo trimestre de 2012 (después de una caída del 0,3% en el primer trimestre) y se ha anunciado que el consumo de los hogares se desplomó un 1,2% en el mismo período. Como resultado, la Bolsa ya ha caído otro 5% en el momento de escribir este artículo, el diferencial sobre los bonos alemanes es superior a 640 puntos básicos y el rendimiento de los bonos a 10 años ha roto la barrera del 7,5%. ¹

Todo esto está poniendo las finanzas del Estado español bajo una presión insoportable. Ya la financiación y el servicio de la deuda será la mayor partida en el presupuesto del próximo año, 38.000 millones de euros, 9.100 millones de euros más que en 2012, pero está claro que estas son estimaciones conservadoras.

Esta situación ha llevado al gobierno de derechas al caos. Los ministros del gobierno y los portavoces pierden el hilo de sus explicaciones en el Congreso y ante los periodistas, no pudiendo responder a las preguntas, parecen estar completamente desconcertados en cuanto a lo que debe hacerse. En medio de esta crisis, el presidente no ha aparecido en público desde hace días. Esto es un reflejo del carácter reaccionario y atrasado de la clase dirigente española, pero sobre todo de la profundidad de la crisis del capitalismo español.

El actual gobierno de derechas de Rajoy fue elegido sólo en noviembre de 2011. En ese momento hubo quien argumentó que iba a ser un Gobierno fuerte, con una mayoría absoluta en el Parlamento, con el control de la mayoría de los gobiernos regionales y ayuntamientos más importantes. Ya hemos advertido que debido al carácter especialmente grave de la crisis en España, este iba a ser un gobierno débil que pronto se enfrentaría a una ola masiva de oposición en las calles.

El gobierno español está pidiendo al Banco Central Europeo que intervenga para comprar bonos españoles (como hizo el año pasado) para que su precio baje. En esencia, esto significa que una transferencia de la deuda española para que sea asumida por Europa, y por Alemania en particular. En los últimos años ha quedado claro que es extremadamente difícil conseguir que las diferentes clases capitalistas europeas, y en particular la alemana, se pongan de acuerdo en sus propuestas en esta dirección. Los antagonismos nacionales entre los distintos países europeos, que fueron suavizados durante el auge anterior, están saliendo a la palestra en una forma aguda durante la crisis actual.

Pero si el BCE no interviene de una u otra manera, entonces España se verá obligado a pedir un rescate de Europa. El costo sería masivo. Las estimaciones varían entre 300 y 500 mil millones de euros. Las condiciones impuestas a España sería aún más draconianas que el paquete de austeridad actual.

La crisis en España, y la velocidad de la luz a la que se ha desarrollado, suponen una amenaza para todo el edificio del euro y de la propia Unión Europea. Después de todo, el PIB de España es casi el 9% del total de la UE, y mayor que el PIB combinado de Grecia, Irlanda y Portugal, los tres países ya rescatados.

En las próximas horas y días habrá negociaciones frenéticas, charlas, amenazas y chantajes entre los diferentes gobernantes de los países europeos. Al final, se puede encontrar una solución temporal que retrase lo inevitable por unos días, semanas, o meses tal vez. El problema fundamental, sin embargo, no se resolverá, y más temprano que tarde va a levantar cabeza otra vez, de una manera aún más brutal.

Los capitalistas quieren que los trabajadores paguen la crisis, por un lado a través de recortes en el gasto público y aumentos de los impuestos sobre los trabajadores; por el otro, a través de bajar los salarios y las condiciones de trabajo en un intento de hacer que los productos españoles sean más competitivos en los mercados extranjeros. Esto está creando una enorme ola de descontento y cuestionamiento del propio capitalismo y la democracia burguesa. Todas las instituciones están desacreditadas. La Monarquía, la Corte Suprema de Justicia, los bancos, los políticos, etc, también son vistos como corruptos y ajenos a los intereses del pueblo.

En algún momento la clase dominante tendrá que reemplazar a este gobierno débil y desacreditado. Ya se habla de un gobierno tecnocrático, al igual que en Grecia e Italia. El opositor Partido Socialista y los nacionalistas burgueses catalanes, después de insinuar que apoyarían el Memorando, finalmente votaron en contra del ajuste del Gobierno, después de la manifestación masiva de los mineros. Eso no quiere decir que están en contra de las medidas que se están implementando. Por el contrario, el líder del Partido Socialista, Rubalcaba, ha insistido al gobierno en ofrecer un "frente unido" frente a Europa y los comentaristas burgueses más astutos están preparando el terreno para algún tipo de gobierno de unidad nacional.

Un gobierno así no tendría mucho apoyo para el programa de austeridad inevitable que tendría que poner en práctica, pero dejaría el terreno abierto para un mayor crecimiento de Izquierda Unida (IU), que es vista como la única oposición consecuente a estas políticas. La coalición de izquierda y sus portavoces parlamentarios se han hecho extremadamente populares, sobre todo debido a su conducta en el Parlamento en el último par de semanas, donde se opusieron firmemente al gobierno y usaron la tribuna parlamentaria para llamar a la movilización del pueblo contra las medidas de austeridad.

Una alternativa socialista necesaria

Sin embargo, los dirigentes sindicales no han anunciado aún cuál debe ser el siguiente paso para el movimiento. Se habla de una huelga general (en septiembre), una marcha sobre Madrid de todas las provincias, nuevas protestas en agosto... Los mineros han regresado a sus regiones de origen, sin que sus demandas hayan sido ganadas y a su lucha no se ha dado ninguna perspectiva.

Lo que se necesita ahora es un plan claro y sostenido de la lucha que una a todos los sectores en lucha, afectados por los recortes y ataques, incluyendo una Huelga General de 48 horas bien preparada y combativa. Sin embargo, como Grecia demuestra claramente, ni siquiera las huelgas generales más militantes son suficientes en este contexto. Se requiere una perspectiva política clara. En España, las capas más avanzadas de los trabajadores y los jóvenes están buscando dicha alternativa en Izquierda Unida.

La principal debilidad de Izquierda Unida sigue siendo el hecho de que sus líderes carecen de un programa alternativo claro a la crisis del capitalismo. La Asamblea Federal de Izquierda Unida en diciembre será una buena oportunidad para debatir qué programa es necesario. Lo que se necesita es, ante todo, reconocer que a lo que nos enfrentamos es a una crisis del sistema capitalista, siendo el punto de partida de cualquier alternativa la idea de que los trabajadores no pagaremos por la crisis del capitalismo.

En lugar de rescatar a los bancos (la razón inmediata de este último paquete de recortes), éstos deben ser nacionalizados sin indemnización y puestos bajo el control democrático de los trabajadores. Los pagos de la deuda debe ser detenidos y repudiada la deuda del Estado en sí misma (que representa ya una pesada carga sobre las finanzas del Estado). Por supuesto, esto sólo sería posible como parte de un programa socialista de expropiación de los bancos, el transporte y la gran industria con el fin de incorporarlos a un plan democrático de producción. Sólo de esta manera, los recursos económicos y humanos del país se podrían utilizar para satisfacer las necesidades de la mayoría, en lugar de servir a los beneficios de una pequeña minoría no elegida de parásitos, ladrones y especuladores. Los marxistas de Lucha de Clases están argumentando a favor de este programa, que ahora mismo conectaría con la experiencia concreta de millones de trabajadores y jóvenes.

Lo que estamos presenciando en España es un proceso de radicalización política de amplios sectores de la población, muchos de los cuales nunca habían estado interesados en la política antes. Bajo los mazazos del impacto de la crisis capitalista, están buscando a tientas una solución revolucionaria. Los analistas burgueses más previsores lo reconocen así y están extremadamente preocupados. La Unidad de Inteligencia de The Economist lo expresó en los siguientes términos:

"En España es más probable que nunca ver renovados disturbios sociales, que podrían dar lugar a algunas perturbaciones en la economía y la estabilidad política".

El intento de la clase dominante para que los trabajadores paguemos la crisis ya está provocando un movimiento masivo. La clase obrera española tiene gloriosas tradiciones revolucionarias, que una nueva generación está redescubriendo. España se ha colocado a la cabeza del proceso de la revolución europea que se está desarrollando.