Esta mañana, una decisión de último minuto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo temporalmente el desalojo de 43 personas que han venido ocupando un bloque vacío de viviendas en Salt, Girona, conocido como #BlocSalt. Más de 700 personas, organizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se habían concentrado durante la noche para resistir la orden del juzgado, entre ellos un gran contingente de bomberos en uniforme. Este caso pone de relieve uno de los aspectos más escandalosos de la crisis de la vivienda en España.

Las familias que viven en BlocSalt constan de 43 personas, entre ellas 21 menores de edad. Ellas ocuparon el edificio en marzo de este año como parte de una campaña de la PAH para protestar por la crisis de la vivienda y tratar de dar soluciones concretas a las familias desalojadas de sus hogares. El edificio es un bloque de pisos de nueva construcción que pertenecía al Banco Mare Nostrum y había estado vacío durante tres años en el momento de la ocupación.

Mare Nostrum es el resultado de la fusión, en 2010, de tres cajas de ahorros regionales y en el momento de su creación recibió 900 millones de euros de los fondos del Estado, a través del fondo de rescate FROB. En 2013 fue rescatado de nuevo, con alrededor de otros 730 millones de euros. Finalmente. los activos de Mare Nostrum fueron transferidos obligatoriamente al SAREB, el "banco malo" creado en el marco del plan de rescate europeo de la banca española para disponer de los activos "malos" (los créditos hipotecarios incobrables) en poder de los bancos rescatados. SAREB es 45% propiedad del Estado español.

Así que aquí tenemos la escandalosa situación de un banco parcialmente estatal queriendo desalojar a las familias de un bloque de pisos de su propiedad, para que el edificio quede vacío, ¡pese a que esas mismas familias se quedaron sin hogar por los mismos bancos que el Estado ha rescatado! Esto sólo tiene sentido bajo la lógica del capitalismo en el que los derechos de la propiedad privada de unos banqueros tienen prioridad sobre el derecho a la vivienda de los trabajadores.

Cientos de miles de personas han visto embargadas sus casas en España, ya que no pueden pagar sus hipotecas como consecuencia de la crisis económica. La enorme burbuja inmobiliaria que España experimentó antes de 2008 fue un factor importante en el auge económico del que fue testigo el país, y también jugó un papel clave en el desencadenamiento de la recesión. Los banqueros animaron a las familias a endeudarse masivamente con créditos hipotecarios en un momento en que había un montón de puestos de trabajo y donde los precios de las casas parecían estar en una espiral ascendente virtuosa que nunca terminaría.

Cuando la recesión golpeó, la gente que perdió sus puestos de trabajo no pudo seguir pagando sus hipotecas y cientos de miles han sido desalojados de sus viviendas. El desahucio no es el fin de su sufrimiento, ya que bajo la ley hipotecaria española, las familias son responsables de sus deudas incluso después de que su casa haya sido embargada. Así, por ejemplo, una familia que compró un piso de 200,000 euros en el pico del boom y había pagado 20.000 en el momento del desahucio, podría encontrarse en una situación en la que su piso vale ahora sólo 100.000 por lo que además de quedarse sin hogar y tener que pagar un alquiler en alguna parte, aún seguiría debiendo al banco 80.000 euros. A esta cifra habría que añadir los intereses acumulados por mora, etc Se han dado casos en los que el banco recupera la posesión de la propiedad y la familia se queda con una deuda superior a la hipoteca original.

La situación se hace más escandalosa por el hecho de que muchos de los bancos que llevan a cabo los desahucios han sido rescatados colectivamente por valor de decenas de miles de millones de euros con el dinero de los contribuyentes. ¡Es evidente que en el casino capitalista el banco nunca pierde!

El movimiento anti-desahucios organizado alrededor de la PAH y de otras organizaciones ha estado exigiendo un cambio en la ley que permitiría cancelar la deuda hipotecaria a cambio de restituir la propiedad al banco (dación en pago) y que se permita a las familias permanecer en esa propiedad después de la dación en pago a cambio de un alquiler social sobre la misma.

El movimiento ha utilizado la movilización masiva y la acción directa para impedir los desahucios físicamente, (con más de 800 detenidos hasta el momento) y se combina esto con la presión sobre los bancos y las instituciones de acuerdo a sus demandas en base a tratar caso por caso. Para dar una idea de la amplitud del movimiento, a principios de este año se logró recaudar 1,4 millones de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso que recogía sus principales demandas, y pese a los intentos de criminalizar sus métodos se han mantenido firme y con un apoyo popular abrumador.

BlocSalt es uno de los 13 bloques de viviendas que han sido tomados por la PAH, y que alojan a más de 700 personas que habían sido desahuciadas previamente de sus hogares.

(VIDEO de una ocupación reciente de un bloque de pisos en Madrid:

En el caso de BlocSalt, en Girona, una vez que se fijó la fecha para el desahucio, después de meses de acoso constante por parte de las autoridades, la PAH inició una campaña de movilizaciones. Activistas de la PAH y de otros movimientos de todo el Estado viajaron a Salt, Girona, para impedir físicamente el desalojo de las 43 personas que viven en el bloque. Se apuntaron más de 700 personas a la acción y pasaron la noche del 15 al 16 de octubre en el edificio y en las inmediaciones. Significativamente, 100 bomberos, un grupo de trabajadores que se ha comprometido a nivel nacional a no participar ni colaborar en ningún desalojo, también viajaron a Salt, vestidos con sus uniformes y se unieron a la resistencia.

Un grupo de 38 diputados del Parlamento catalán pertenecientes a ICV-EUiA, CUP, ERC y PSC había firmado una declaración de oposición al desalojo y pidió a la fuerza policial catalana, los Mossos, a desobedecer la orden de llevarlo a cabo. Más interesante fue el debate que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Girona, cuando se presentó una moción para oponerse al desalojo. ICV-EUiA, CUP y PSC votaron a favor de la moción, pero el Partido Popular (el partido de la derecha española) y CiU (nacionalista burgués, en el poder en Cataluña) votaron en contra, y el alcalde de la localidad (de CiU), incluso tuvo que utilizar su voto de calidad para derrotar la moción. Esto es significativo porque PP y CiU se supone que son enemigos mortales cuando se trata del derecho de Cataluña a la autodeterminación, uno utilizando el nacionalismo español, el otro utilizando el nacionalismo catalán. El voto en el Ayuntamiento de Girona mostró claramente que la burguesía se une por encima de las banderas nacionales cuando se trata de proteger el derecho a la propiedad privada.

En el último minuto, ya que el desahucio iba a seguir adelante y más de 700 personas estaban dispuestas a resistir, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo detuvo y declaró una suspensión del desalojo hasta el 29 de octubre. Por supuesto, esta victoria no se debe al TEDH de Estrasburgo, sino que es la victoria de los cientos de activistas que se movilizaron sobre el terreno y estaban dispuestos a tomar medidas directas para evitar el desahucio. Se le da así al movimiento una tregua temporal para agrupar sus fuerzas y aumentar la presión a través de la movilización de masas.

Lo que este caso, y los cientos de miles más en toda España, ponen de relieve es la locura del sistema capitalista, donde para que unas pocas personas obtengan beneficios es necesario que las casas están vacías, mientras que mucha gente permanece sin hogar.

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