Unidos Podemos (UP) ha presentado su programa de gobierno, denominado "50 pasos para gobernar juntos". En primer lugar, destacan como elementos muy positivos la derogación de las leyes más reaccionarias aprobadas por los gobiernos del PP y el PSOE en los últimos años, como son entre otros casos: la Ley Mordaza; las reformas laborales y de pensiones del PP y del PSOE; la ley educativa LOMCE; la ley Montoro, que recorta las prestaciones de la administración local; o el artículo 135 de la Constitución, que privilegia el gasto de la deuda por encima del gasto social. Pasamos a examinar los "50 pasos" en base a los diferentes apartados del documento.

Apartado de democracia política

Lo más significativo es el punto 27, denominado "cambio constitucional", donde se expone "la apertura de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978". Asimismo, se defiende la celebración de un referéndum consultivo para iniciar este proceso. Estamos de acuerdo con esto, pero creemos que hay que defender de forma explícita la superación de la caduca Monarquía.

También supone un gran paso adelante la posibilidad de establecer un proceso de revocación ciudadana en el conjunto de las administraciones públicas sobre los cargos electos, superados los dos años de mandato.

Se defiende "el derecho a decidir". Cualquier gobierno autonómico podrá celebrar una consulta en ese sentido. UP lo impulsará en el caso de Catalunya.

Se propone acabar con los privilegios de los cargos electos, bajar los salarios de diputados y cargos públicos, así como impedir su acceso posterior a empresas de los sectores estratégicos.

El apartado social

Se mantiene que el gasto educativo pase del 4,0% del PIB al 6,2% al final de la legislatura, y extender la educación pública gratuita a la franja de 0 a 6 años. En Sanidad, el gasto pasaría del 6,2% al 6,8% del PIB.

Se crearía un programa de Renta Garantizada para todos los hogares por debajo del umbral de pobreza, que recibirían entre 600 euros y 1290 euros en función del número de miembros de la familia. Igualmente, se defiende el suministro básico de luz y agua para todos los habitantes sin excepción.

Aquellos hogares que presenten ingresos 3 veces inferiores al índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos familiares (IPREM), o cuyos miembros estén todos en desempleo, se verán beneficiados de una reducción de su deuda hipotecaria nominal.

El gasto en atención a la Dependencia se elevaría a los niveles existentes antes de 2012.

Se paralizarían todos los desahucios por motivos económicos. Se fomentará el alquiler social, cuyo tope se establece en un 30% de la renta familiar, incluidos los gastos de suministros. Desde nuestro punto de vista, entendemos que con centenares de miles de viviendas vacías existentes en este país, es posible poner estas viviendas al servicio de las familias necesitadas con alquileres que no sobrepasen el 10% de sus ingresos, para permitirles alcanzar una mayor dignidad vital.

En lo que respecta al Medio Ambiente hay medidas positivas como, por ejemplo, avanzar drásticamente en el uso de las energías menos contaminantes, cerrando inmediatamente la central nuclear de Santa María de Garoña. El resto de centrales nucleares serían cerradas en 2024. Se le dedican 9 de las 50 medidas del plan de gobierno, proponiéndose una batería de futuras leyes y la creación de diversos programas tendentes a mejorar la situación actual. Da la impresión de que hay leyes, planes y organismos enunciados aquí que se solapan los unos con los otros, haciendo que las nuevas medidas y agencias tengan poca capacidad de desarrollo si en 4 años van a incrementar su financiación en apenas un raquítico 0,3% del PIB. Quizás una sola de las medidas enunciadas, un plan de reforestación, fundamental para las necesidades de este país, se llevaría por sí sola esta cantidad.

También llama la atención que en el documento no se mencione siquiera la oposición a los cambios reaccionarios en la ley del aborto, que sí defendían IU y Podemos en diciembre.

El apartado económico

Se defiende que el Salario Mínimo Interprofesional pase a 800 euros en 2017, en 14 pagas, para llegar a 900 euros en 2019. Se limitará drásticamente el empleo eventual, del que existirá una única clase de contrato, que no podrá ser superior a un año ni encadenarse sucesivamente. Se favorece la total reversión de las relaciones laborales en favor de la clase trabajadora, que volvería a disfrutar de derechos similares a los existentes al final de la Transición.

El objetivo básico de la política impositiva consistirá en recaudar 3 puntos más del PIB en base a: subir la aportación en el IRPF de las rentas más altas, eliminar deducciones en el impuesto de sociedades, junto con un nuevo impuesto a la banca. Se bajará el IVA de productos y suministros básicos, que afectan a la inmensa mayoría de la población.

Mientras el PP propone bajar el gasto público hasta el 40,1% del PIB en 2019, UP mantendrá el  gasto público en el 43,3% del PIB, cambiando sus distribución para subir manera significativa el gasto en educación, sanidad, medio ambiente, vivienda o cultura.

Los tres puntos extras logrados a través de los impuestos irán destinados a disminuir el déficit actual, cuyo ritmo de reducción se pretende renegociar con la Comisión Europea. Ya nos referiremos más adelante a las relaciones con la Comisión Europea, cuyo papel creemos que será desde el principio el de boicotear la aplicación de los puntos progresivos de este programa.

Otro aspecto negativo del programa es que no dice una palabra acerca de los 33.490 millones de euros de pago de intereses de la Deuda del Estado a los bancos usureros, presupuestados para el 2016. Nosotros rechazamos el pago de esta deuda usurera impuesta a la población – salvo los bonos poseidos por los pequeños ahorradores– que nos priva de recursos vitales para desarrollar las medidas enunciadas en este programa. Esta cantidad fácilmente subirá en el futuro, teniendo en cuenta que la economía española se beneficia de los tipos de interés más bajos de su historia. En definitiva, se trata de una renuncia muy evidente a una de las principales peticiones que se demandaba en las manifestaciones en los últimos años.  

UP defiende crear una banca pública, uniendo al ICO las cajas nacionalizadas, Bankia y Mare Nostrum. Creemos que esto es insuficiente. Los bancos han estado sostenidos por el Estado y el Banco Central Europeo (BCE) con todo tipo de ayudas directas e indirectas. La inmensa mayoría de la sociedad entendería perfectamente que el Estado nacionalizara el conjunto del sector financiero, indemnizando a los pequeños accionistas de los mismos.

Hasta los medios burgueses se hacen eco de cómo el programa de UP, con respecto al pasado programa de Podemos de cara a las elecciones del 20D, retrocede en unos 30.000 millones de euros su anterior compromiso de inversiones en los servicios públicos. Vemos como algo negativo el plantear reformas cada vez más tímidas: las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad no han disminuído desde el 20D. Las rentas de los asalariados han retrocedido drásticamente desde el 2008, mientras las rentas del capital se incrementaron en 2,5 puntos en ese periodo, 25.000 millones de euros cada año, aparte de los beneficios insultantes que ya tenían entonces.

Apartado internacional

Es muy positivo el rechazo al tratado comercial TTIP, así como al homólogo CETA que vincula las relaciones comerciales con Canadá, que atentan contra conquistas sociales básicas.

Se defiende el cese de las devoluciones de inmigrantes, el cierre de los Centros de Internamiento de Emigrantes, el reforzamiento del derecho de asilo, así como favorecer la reunificación familiar de los inmigrantes.

Se propone un plan para favorecer con medidas materiales (acceso a vivienda y subsidio de desempleo) el retorno de emigrantes.

Destaca el apartado dedicado a la política europea. Se propone aquí la democratización del BCE y una reforma del Pacto de estabilidad para eliminar el objetivo de déficit.

Se abandera solucionar el problema de la Deuda Pública europea, facilitando que el BCE compre a su valor nominal los actuales títulos de la misma, para intercambiar posteriormente los actuales títulos por otros nuevos a un tipo de interés del 0% y ampliando sus plazos de vencimiento. Posteriormente, el BCE debería reestructurar (es decir, perdonar total o parcialmente) toda la deuda Pública que supere el 60% de cada país, lo que entra en evidente contradicción con los intereses del capital financiero internacional.

Creemos que este plan obvia premisas básicas:

En primer lugar, en la etapa actual de declive capitalista, el capital financiero es el dominante actualmente, a través de bancos, fondos de inversión y todo tipo de instrumentos, siendo el principal accionista en el conjunto de sectores productivos. El capital financiero nunca va a renunciar a lo fundamental del pago de sus deudas con meras negociaciones. Creemos que la idea de "democratizar el BCE", como el resto de instituciones europeas, obvia este aspecto. Por motivos políticos evidentes, por el ejemplo práctico que crea para las masas, el resto de capitalistas en la industria y otros sectores nunca aceptarán una política que nacionalice las finanzas en función de los intereses de la inmensa mayoría, o que renuncie al pago de la deuda por idénticos motivos.

Construir otra Europa, que es de lo que estamos hablando, una Europa a favor de los trabajadores y resto de sectores oprimidos de la sociedad, pasa porque haya un proceso político general, al mismo tiempo que el español, en el resto de países europeos con la elección de gobiernos de signos políticos parecidos al de UP sobre la base de una movilización general política y social. Los actuales gobiernos europeos, que defienden a los capitalistas, al igual que ha pasado con Grecia, utilizarán el chantaje del BCE y del euro para acogotar al gobierno español. Éste debe enfrentarse a estas presiones de manera decidida sin transigir lo más mínimo. Sólo actuando así, con hechos, demostrando con la aplicación de reformas profundas que el gobierno de UP cumple lo que promete, será posible levantar una oleada de apoyo popular a escala europea.

Defender una alternativa socialista

Desde Lucha de Clases respaldamos las reformas que enuncia el programa de los "50 pasos" de UP. La cuestión es que su puesta en práctica choca radicalmente con la realidad de las medidas que los poderosos impusieron en los últimos ocho años en nuestro país.

Tal como explicamos en la Editorial de forma concreta, un gobierno que defienda los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad debe de explicar desde el minuto 1 de su toma de posesión, con ejemplos concretos, cómo no podrá aplicar sus promesas si no controla las palancas fundamentales de la economía. Nosotros no proponemos nacionalizar las pequeñas empresas. Sólo planteamos nacionalizar las grandes empresas que controlan el 80% de la economía española. Al contrario, pretendemos apoyar las pequeñas empresas, reduciendo al mínimo los intereses gravosos que ahora pagan a los bancos. Para ello necesitamos controlar los bancos.

Las regiones donde la derecha es más fuerte socialmente es donde el peso de la pequeña propiedad (fundamentalmente agraria) es mayor. El gobierno de UP puede proporcionarles a los pequeños propietarios agrícolas seguros agrícolas gratis (el 50% de ellos carece de los mismos), pero sólo si controlamos las empresas aseguradoras. Igualmente, podemos proporcionarles abonos mucho más baratos, pero sólo si controlamos las principales empresas químicas.

A transportistas autónomos, a pescadores..., podemos proporcionarles carburante a un precio más ventajoso. Pero necesitamos controlar las principales empresas de combustibles.

Como Alberto Garzón y Pablo Iglesias han repetido muchas veces en el pasado, una cosa es ganar las elecciones y otra diferente tener el poder real. Si, como vimos en Grecia hace un año, los principales capitalistas evaden el dinero, realizan huelga de inversiones, el gobierno debe intervenirlos y poner sus recursos al servicio del bien común.

Un gobierno que controle las principales palancas de la economía sí podrá fijarse como meta realista acabar totalmente con el desempleo en pocos años, reduciendo la jornada laboral a 35 horas de manera inmediata y repartiendo el trabajo, haciendo crecer la economía independientemente del boicot a la misma por parte del capital nacional e internacional.

En definitiva, la mejor baza de apoyo del gobierno de UP debe ser la realización efectiva de sus promesas, soldando e incrementando su base de apoyo en el estado español y a escala internacional. Pero sólo con medidas socialistas se podrían llevar a cabo íntegramente estas políticas.