En agosto, los trabajadores del metro de Londres votaron a favor de la huelga para defender sus empleos y condiciones laborales. El voto a favor fue masivo, 1.369 votos, frente a 70 votos en contra. Los trabajadores se enfrentan a pérdidas de empleos y amenazas a sus pensiones después de que Metronet, que es responsable de la gestión de nueve líneas del metro londinense, entrara en la administración del metro en julio. Los trabajadores exigen que se garanticen sus empleos, como estas garantías no llegaron, los trabajadores actuaron en agosto y realizaron una huelga de tres días. Según todos los informes la huelga fue un enorme éxito.

La huelga tuvo un impacto importante en la vida económica de Londres. Algunos analistas calcularon que podría haber costado a la economía londinense más de 50 millones de libras diarias. Muchas empresas de Londres se encontraron con que su personal no pudo ir a trabajar o llegó tarde trastocando sus actividades.

Ayer, treinta horas después de la huelga, ésta fue desconvocada después de que la empresa se mostrara dispuesta a negociar, pero no hay nada concreto sobre estas conversaciones y parece que la próxima semana podría reiniciarse la huelga.

Metronet fue creada por la sociedad privada-pública (PPP) del Metro de Londres, su fracaso es el de PPP. El secretario general de RMT, Bob Crow, dijo: "Nuestros miembros han hablado con una única voz y unida, han dicho que no están dispuestos a pagar el fracaso del PPP con sus empleos, condiciones laborales o pensiones". Además añadió: "Lo que nuestros miembros quieren es que se les transfiera a una organización del sector público, que es la única manera de poder proteger sus empleos y pensiones". El secretario general de la Asociación de Trabajadores Asalariados del Transporte (TSSA), Gerry Doherty, manifestó que: "Los accionistas de Metronet puede que sean capaces de irse de este fiasco del PPP, pero a nuestros miembros se les pide que paguen la factura con pérdida de empleos, transferencias y recortes de las pensiones".

A finales de agosto también hubo la primera huelga nacional de funcionarios de prisiones de Gran Bretaña y Gales, que terminó después de que el sindicato aceptase reabrir las conversaciones con el gobierno por cuestiones salariales. La acción de los funcionarios de prisión fue de tal magnitud que las 129 prisiones del país no privadas quedaran paralizadas por el repentino paro de los 20.000 trabajadores. El Tribunal Supremo emitió un mandato judicial contra la Asociación de Funcionarios de Prisión (POA), pero era tan militante el ambiente que muchos trabajadores se negaron a regresar al trabajo. El POA había llegado a un acuerdo con el gobierno para no convocar una huelga, pero finalmente tuvo que convocarla sin avisar previamente para evitar ¡una orden judicial!

El organismo independiente que revisa los salarios en las prisiones recomendó un aumento del 2,5 por ciento, pero el sindicato de funcionarios, con sus 28.000 miembros, dijo que ese aumento estaba devaluado con la inflación porque además el gobierno proponía implantar esta subida en dos etapas.

A principios de septiembre fueron los policías los que exigieron que les devolvieran su derecho a huelga ya que sus relaciones con el gobierno habían alcanzado su nivel más bajo en treinta años.

Ahora la Federación de Policías, con sus 140.000 miembros, el sindicato de bomberos y el de funcionarios de prisiones planean hacer una campaña conjunta para que sus salarios suban por encima de la inflación.

La perspectiva de la policía haciendo reivindicaciones como el derecho a huelga sería algo muy embarazoso para el primer ministro que intenta contener la presión que existe para conseguir salarios más elevados. El gobierno ofrece un 2,3 por ciento pero los policías quieren un 3,94 por ciento, siguiendo la estela del sector privado.

Los policías tienen prohibido no sólo el derecho a huelga sino también discutir la cuestión. Pero a principios de este año la base votó por aplastante mayoría estudiar la opción de presionar para conseguir el pleno derecho a huelga si no consiguen sus pretensiones salariales.

Mientras tanto, los trabajadores de la sanidad de Manchester han estado en lucha debido a las represalias contra una sindicalista. Karen Reissmann, enfermera psiquiátrica y delegada sindical, fue suspendida de empleo en julio acusada de provocar desconfianza en el sistema. En realidad, sus palabras iban dirigidas contra los responsables del NHS que hablaban de reducir servicios, se convocó una huelga de tres días y se ha planeado otra.

Otros tres sindicatos que representan a los científicos nucleares, los técnicos a cargo de los programas de desmantelamiento de plantas atómicas, amenazaron recientemente con una huelga, sería la primera en veinticinco años. En este caso no hizo falta la huelga, la simple amenaza en este sector clave hizo que el gobierno concediese un aumento del 3,99 por ciento, por encima del 2 por ciento que el gobierno ha establecido como máximo para el sector público. El acuerdo fue calificado por los dirigentes como el "mejor acuerdo del sector público en este año". También este año, 113.000 funcionarios hicieron una huelga de dos días.

Toda esta situación revela el ambiente de creciente militancia que existe en el sector público y es una prueba más de que Gordon Brown, probablemente, entrará en conflicto con este sector de la clase obrera. Gordon Brown ha insistido en que no desajustará el presupuesto debido a los salarios del sector público. Su postura es: "Hemos conseguido controlar la inflación y tenemos una economía estable debido a la disciplina salarial de estos últimos diez años. La disciplina debe continuar".

La próxima semana, el TUC se reúne en Brighton y ha convocado a los delegados a condenar el 2 por ciento de aumento propuesto para el sector público. Estos procesos subrayan el malestar acumulado en el sector público debido a los niveles salariales, además es un presagio de que Brown se puede encontrar con un "otoño caliente".

Cada vez hay más síntomas de que este ambiente se puede extender al sector privado. Un ejemplo es la huelga de la planta embotelladora de Coca Cola en Milton Keynes, donde 140 miembros del sindicatos fueron a la huelga este lunes, se trata del tercer día de huelga este año. Una vez más, la disputa está relacionada con los niveles salariales. La empresa ha ofrecido un aumento del 2,5 por ciento, el mismo que ha propuesto durante estos últimos cuatro años. Pero los trabajadores no están satisfechos con esta propuesta que está por debajo de la tasa de inflación y que, en la práctica, significa una pérdida de poder adquisitivo. Ahora piden un aumento que no baje del 3,8 por ciento.

Los ejemplos que hemos mencionado indican que el ambiente entre los trabajadores británicos está cambiando, cada vez es más militante. Están alcanzando un límite y éste comienza a expresarse en huelgas militantes.

Estos acontecimientos tendrán ramificaciones importantes en todo el escenario político de Gran Bretaña. Para la clase dominante, la utilidad de un gobierno laborista es precisamente su capacidad de controlar a la clase obrera. Debido a sus relaciones con los sindicatos, en este sentido el Partido Laborista siempre ha tenido una ventaja frente a los tories. Los dirigentes sindicales, y la clase obrera en su conjunto, considera al gobierno laborista como "su" gobierno, y está dispuesta a aceptar de ellos lo que no aceptarían de los representantes directos de los empresarios: los tories.

Sin embargo, esta situación no puede durar eternamente. Los trabajadores tienen mucha paciencia, pero ésta tiene un límite. En Gran Bretaña esa paciencia ya ha pasado ese límite. Si la actual oleada de luchas sindicales continúa, entonces la clase dominante de este país comenzará a replantearse su relación con la dirección laborista y con Gordon Brown en particular. Lo que se cuestione no es la lealtad de Gordon Brown al capitalismo, sino su capacidad de manejar la situación. En Gran Bretaña comienza a abrirse un nuevo período.