La crisis sanitaria generada por la epidemia del coronavirus COVID-19 ha puesto el planeta patas arriba y alterado la vida cotidiana de cientos de millones de personas, particularmente en los países capitalistas desarrollados y China, origen de la infección. Cierre de extensas áreas geográficas y de ciudades, suspensión de clases en todos los niveles de la enseñanza, limitaciones a la actividad laboral en numerosos sectores, prohibición gubernativa de reuniones masivas y de manifestaciones, reducción significativa de la vida social y cultural, entre otras, son las consecuencias de una epidemia que afecta a más de 130.000 personas en todo el mundo y que ha dejado hasta el momento cerca de 5.000 muertos, la gran mayoría personas de edad avanzada con patologías previas.

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Europa, junto con China, Irán y el Lejano Oriente son las zonas más afectadas por este brote vírico que, si bien no se caracteriza por una letalidad elevada –el 80% de los infectados sólo desarrolla síntomas leves y hasta ahora más de la mitad de los contagiados, alrededor de 70.000, ya están curados y han superado la enfermedad– sí ha demostrado gran capacidad de contagio.

En el Estado español, la epidemia está teniendo un impacto significativo, comparado con los países de nuestro entorno, con 3.150 infectados hasta el momento y 84 personas fallecidas, siendo el segundo país europeo más afectado tras Italia, que supera ya 15.000 personas contagiadas y un millar de fallecidos. Y dentro del Estado español destaca sobre todo la Comunidad de Madrid con cerca de la mitad de las infecciones, 1388 y el 70% de los fallecidos, 56.

La responsabilidad del capitalismo

La plaga del COVID-19 no es un “castigo divino” ni una fatalidad incontrolable: se suma al resto de calamidades y sufrimientos que, desgraciadamente, se han hecho comunes en las últimas décadas en el sistema capitalista global: el cambio climático y los desastres naturales de consecuencias desastrosas, enfermedades evitables que matan anualmente a millones de seres humanos en los países más pobres, guerras en Oriente Medio y otras partes, decenas de millones de refugiados procedentes de países devastados por las guerras, la pobreza y el saqueo a que los somete la opresión imperialista, y que deambulan como parias por el planeta; políticas interminables de austeridad y ajuste social, precariedad laboral y habitacional, femenicidios, etc. Y ahora se anuncia una nueva crisis económica global de un carácter y una intensidad similares o superiores a la de 2008-2009.

En la segunda década del siglo XXI, cuando la humanidad ha alcanzado el más alto grado de desarrollo y conocimiento científico y técnico imaginable para asegurar un bienestar ilimitado para todos e instaurar un paraíso en la Tierra, el ser humano se ve empequeñecido y sometido por fuerzas que parecen escapar a su control como una barca agitada en medio de la tempestad.

No, no hay nada fatalista ni “divino” en todo esto. Hay un sistema económico y social caduco y bárbaro, como el capitalismo, donde la forma en que la sociedad se organiza y produce está orientada a generar beneficios multimillonarios para una minoría de grandes empresarios y banqueros en lugar de atender las necesidades sociales y culturales de la humanidad. Si los innumerables recortes sociales tras la crisis de 2008 no se hubieran cebado en los gastos sanitarios, mientras se rescataban bancos y empresas privadas, los sistemas de salud de todo el mundo estarían mejor pertrechados para afrontar epidemias como ésta. Como una pequeña muestra, está el dato de la Comunidad de Madrid, donde desde 2010 a 2018 la población creció en medio millón de personas mientras que los profesionales sanitarios se redujeron en 3.600 y las camas hospitalarias en 2.200.

Decenas de países y cientos de compañías farmacéuticas compiten entre sí, separadamente, con un derroche colosal de esfuerzos y recursos humanos, para encontrar una vacuna eficaz para el coronavirus COVID-19. Esta tarea se ve obstaculizada, además, por el hecho de que la investigación científica medicinal está orientada a conseguir fármacos y vacunas que rindan miles de millones de dólares a las compañías privadas y no el interés general de la salud. Si en lugar de esto, existiera un sistema socialista democrático global, sin fronteras nacionales ni monopolios privados, basado en la fraternidad y el bienestar general, decenas de miles de científicos de todo el mundo cooperarían entre sí y compartirían sus conocimientos e investigaciones para descubrir y desarrollar muy rápidamente las vacunas y fármacos idóneos para combatir epidemias como la del COVID-19 y otras, al coste mínimo indispensable, para que estuvieran a disposición de la humanidad entera.

Negamos, por tanto, que todos seamos igualmente responsables en esta epidemia de coronavirus, como tampoco en lo que respecta al cambio climático y demás lacaras que nos azotan.

Preservar las condiciones de vida de la clase trabajadora

Hoy, la población está preocupada por la incertidumbre de la epidemia, sobre la paralización económica general y de la vida social, y sobre un potencial desabastecimiento o escasez. Y cuando cualquier persona va a al supermercado a proveerse de lo necesario trata de adquirir pan, lácteos, frutas y verduras, material de limpieza, alimentos, ropa, calzado, etc. Es decir, trata de proveerse de los elementos esenciales de la vida. Es la clase trabajadora la que crea estos medios de vida indispensables en las fábricas, las empresas y el campo; y es la que sirve, prepara y vende estos productos en los supermercados, y la que se encarga del transporte de estos mismos productos así como de la población en general. Es la clase trabajadora la responsable del funcionamiento de los hospitales y centros de salud y la que conforma la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios, incluidos los médicos y especialistas del sistema nacional de salud. Es la que forma y educa a nuestros hijos en las escuelas, institutos y universidades; la responsable de asegurar el abastecimiento de energía y combustible; la que recolecta los residuos y desechos de los hogares y de las industrias, la que asegura la circulación de la información y de las telecomunicaciones. Sí, ¡qué duda cabe! la clase trabajadora representa la vida; es la clase creadora por excelencia, concentra en sí misma todo lo que hay de progresista y avanzado en la sociedad y, por tanto, es la clase que representa el futuro de la humanidad.

La clase capitalista –los grandes empresarios, banqueros y terratenientes– sus representantes políticos y su aparato estatal y represivo, así como los organismos imperialistas internacionales, son quienes promueven las guerras y la venta de armas, envenenan nuestros ríos, costas y montañas tratando de exprimir hasta la última gota de beneficios de nuestros recursos naturales; explotan a los trabajadores y recortan los gastos sociales extendiendo el sufrimiento y la amargura en las familias trabajadoras. Ellos representan el pasado, la reacción y la barbarie. Son nuestros enemigos de clase.

En ese sentido, la tarea de todo activista comprometido es agitar por la preservación de la clase a la que pertenecemos: sus condiciones de vida, su trabajo, sus conquistas sociales y democráticas. No aceptamos la degradación de las condiciones de vida y democráticas de la clase trabajadora a causa de la epidemia de coronavirus ni de otras circunstancias, que son un producto en última instancia de la pervivencia de un sistema reaccionario y de una sociedad injusta basada en la dominación de una clase social, la capitalista. Ésta, sólo busca mantener y acrecentar los privilegios que saca de la explotación de la clase obrera a través del robo del trabajo que no le paga, que es la fuente de sus beneficios y poder.

Que paguen los capitalistas y los ricos

Tomando como justificación la epidemia y el trastorno económico que conlleva, los gobiernos burgueses, la derecha y las organizaciones empresariales, están tratando nuevamente de depositar sobre las espaldas de las familias obreras el coste de la actual crisis.

Hoteles, restaurantes, comercios y empresas de todo tipo están aprovechando esta situación para anunciar cientos de despidos o la no renovación de contratos.

El PP y las patronales no han perdido el tiempo para exigir reducción de impuestos a los empresarios y los ricachones, a que se mantenga inalterada su reforma laboral y a que se “flexibilice” aún más los contratos de trabajo y los despidos. ¡Esto es socialismo para los ricos, y miseria para las familias trabajadoras! En suma, quieren que el gobierno PSOE-UP aplique el programa del PP.

Nosotros estamos radicalmente en contra de eso. Los empresarios han acumulado enormes ganancias desde la crisis hasta acá, decenas de miles de millones cada año, mientras que los trabajadores mantienen, con pocos cambios, el salario y el nivel de vida de antes de la crisis, o peor. Los empresarios tienen que pagar lo que corresponde y el gobierno debe aprobar ya sus promesas de reforma fiscal, que ya era bastante insuficiente, para que los ricos paguen más en lugar de favorecerlos con exenciones fiscales. No podemos aceptar ni un solo despido con la excusa de la bajada de la actividad económica. La clase que representa la vida y el futuro de la humanidad no puede ser arrojada al estercolero para que los que viven del trabajo ajeno sigan manteniendo su vida de privilegios.

No retroceder en nuestros derechos democráticos

No podemos aceptar ningún recorte en nuestros derechos democráticos y de expresión. Justamente ahora, cuando entramos en una situación de emergencia, cuando se exige la máxima disciplina social y los mayores sacrificios a los trabajadores, comenzando por los trabajadores sanitarios, la clase obrera debe mantener intactos sus derechos a la libre expresión. No podemos aceptar ninguna restricción a nuestros derechos de protesta, de huelga y reunión. Los necesitamos ahora más que nunca para defender nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias ante la arremetida de los patrones y la derecha. Por supuesto, los trabajadores somos sensibles y los más interesados en frenar la epidemia que amenaza a nuestras familias; pero en lugar de otorgar nuevos privilegios que refuercen el poder del aparato del Estado para reprimir la libre expresión de la clase trabajadora en esta situación de emergencia, debe ser la propia clase trabajadora junto con sus organizaciones de masas, sindicatos, etc. quienes ejerzan la autodisciplina y establezcan, junto con los profesionales de la salud y las comunidades en las que viven, los mecanismos y ordenanzas a seguir en caso de conflicto social o laboral para preservar la salud de todos: celebración de reuniones, protocolos de seguridad, tipo de luchas, manifestaciones, etc.

Cómo enfrentarnos al coronavirus: ¡Nacionalizar todo el sistema de salud, sin indemnización y bajo el control de los trabajadores!

En lo que a las medidas necesarias para contener y revertir la epidemia, nos parece muy insuficiente las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno, signadas como en el caso de Italia, por su negativa a enfrentarse fuertemente a los grandes capitalistas y en particular al sector de la salud: clínicas privadas, laboratorios farmacéuticos, equipos médicos, etc.

Las pruebas sobre el coronavirus se hacen con cuenta gotas, ¡apenas unas pocas decenas de miles hasta el momento! Debería haber una campaña masiva de pruebas sin restricciones, al menos 2 por unidad familiar y al 20% de los trabajadores de cada empresa.

Hemos tenido la experiencia de países como China, Corea del Sur e Italia a la hora de abordar este brote infeccioso. El caso de Corea del Sur, donde el brote empezó siendo más agresivo que en Italia, es muy ilustrativo, pues la tasa de mortalidad a 11 de marzo no llegaba al 0,8% en el país asiático, mientras en Italia supera el 6%. El peso de la inversión en sanidad en cada país es lo que marca la diferencia, junto con la actitud decidida del gobierno coreano a la hora de realizar una cantidad de análisis hasta 4 veces superior al gobierno italiano y, con mucha más información sobre el terreno, actuar enérgicamente ante cada brote. Partiendo de esta experiencia, se podía haber hecho mucho más: se debía haber tocado a rebato por parte del Estado, contratando con antelación a miles de nuevos de enfermeros, auxiliares y médicos en paro para llevarlos a las zonas afectadas; desde un primer momento. Se debería haber intensificado la vigilancia de los aeropuertos y nudos de transporte., estableciendo –como se hizo en Corea del Sur- estaciones móviles en la calle para efectuar pruebas del coronavirus a todo el que quisiera.

No es posible entregar miles de millones de euros de dinero público a los empresarios para sostener sus beneficios por motivos “extraordinarios” cuando eso tendrá que recortarse de otras partidas dada la pretensión de Bruselas de mantenerla política fiscal austera. Incluso si ésta se relajara, tampoco podemos aceptar que se incremente la deuda pública que deberá ser pagada igualmente con nuevos recortes y más austeridad mañana.

Es un escándalo vergonzoso que las clínicas privadas se estén lucrando con las pruebas de detección del coronavirus cobrando desde 300 hasta 800 euros por prueba, ante las limitaciones presupuestarias de la sanidad pública, y deriven a esta última el tratamiento e internamiento de las personas infectadas. Esto es inaceptable, cuando esta gente se embolsa miles de millones de euros cada año con sus conciertos con la sanidad pública. Es un escándalo que disponer de mascarillas, guantes, gel desinfectante, etc. (escasos cuando no inexistentes en comercios e incluso hospitales) dependa de fabricantes privados que han incrementado los precios en las últimas semanas para lucrarse aún más.

“La salvación del pueblo es la ley suprema” – Nuestro programa

Sí, entramos en una situación de emergencia, y hay que hacerle frente con medidas de emergencia. Como dijo Cicerón: “La salvación del pueblo es la ley suprema”. Hoy, la salvación del pueblo: las familias trabajadoras, las capas inferiores de la clase media y de pequeños empresarios, exige al menos, el siguiente conjunto de medidas:

• Revertir todos los recortes en la sanidad practicados desde 2008 en adelante. Volver y superar los números históricos de trabajadores sanitarios, camas hospitalarias y gasto público destinado.
• Extensión a toda la población de las pruebas gratuitas del coronavirus, como mínimo 2 por unidad familiar y al 20% de las plantillas de cada empresa. No esperar a que aparezcan los síntomas de la enfermedad.
• Plan para la contratación inmediata del personal sanitario suficiente para hacer frente a la actual epidemia con contratos fijos permanentes en las mismas condiciones que los trabajadores fijos del sistema nacional de salud.
• Incautarse de las empresas privadas de la sanidad y de sus clínicas para que estén al servicio de la actual emergencia sanitaria, sin indemnización. Nacionalización sin indemnización salvo a pequeños accionistas, e integración en el sistema público sanitario una vez pase el actual período de emergencia, manteniendo el 100% del empleo existente.
• Esto debe complementarse con la nacionalización sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, de las empresas clave de la salud (laboratorios, fabricantes de mascarillas, guantes y gel desinfectante; fábricas de equipos médicos y clínicos, etc.) para que la producción de material sanitario esté bajo el control del Estado, supervisado por los representantes de los trabajadores de dichas empresas.
• Control obrero en las empresas que mantengan su actividad para supervisar las condiciones higiénicas y de salud, a través de los comités de empresa y de los comités de seguridad e higiene.
• Suspensión de toda actividad económica no esencial con el pago del 100% del salario a los trabajadores. No aceptamos que computen las jornadas no trabajadas por bajas por enfermedad ni por vacaciones.
• - Ni ERES ni ERTES. No al cobro del 70% del salario por los trabajadores afectados mientras dure la epidemia. No depositar sobre el Estado el pago del salario ni con el truco de computar la suspensión temporal del trabajo como bajas por enfermedad. 100% del salario pagado por los patrones.
• Prohibición de los despidos. Reparto del trabajo entre los brazos existentes. Si la empresa cierra argumentando quebranto financiero que sea nacionalizada sin indemnización bajo el control de sus trabajadores.
• Que las empresas paguen el 100% del salario a los trabajadores que necesiten cuidar a sus hijos, y carezcan de recursos, por la suspensión obligatoria de las clases.
• Impuesto especial del 10% de sus ingresos a los grandes bancos y a las 100 grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid para financiar las medidas extraordinarias para hacer frente a la actual epidemia. Control obrero en dichas empresas para evitar contabilidad falsa y evasión de capitales.
• Que se abran los libros de cuenta de las empresas para que los trabajadores puedan verificar la situación financiera de las empresas que argumenten problemas financieros para aplicar todas estas medidas.
• No al pago de la Deuda Pública.