La crisis capitalista mundial está teniendo una especial incidencia en el estado español. Todos los indicadores están sufriendo un auténtico desplome. El PIB, que en 2007 alcanzó un crecimiento del 3,7%, en 2008 se situó su en un raquítico 1,2%, produciéndose en el tercer trimestre de 2008 una caída del 0,2% y un nuevo retroceso del 1% en el cuarto. La recesión, según todas las previsiones, será profunda y prolongada en el tiempo y la mayoría de las estimaciones sitúan una caída del 3% del PIB para 2009.
El número de parados ha alcanzado, en enero de 2009, los 3.327.801 (un 14% de la población activa), un 47% más que en enero de 2008 y el desempleo afecta ya al 29,5% de los menores de 25 años. Las previsiones para 2009 según algunos analistas son las de alcanzar el 20% en porcentaje de parados.
En cuanto a al industria, la producción descendió un 9% en 2008 y la formación bruta de capital en bienes de equipo se desplomó en 2008 un 26,6%. Como ejemplo basta señalar que la producción de automóviles en los primeros treinta días de enero de 2009 cayó un 53% con respecto al mismo período de 2008.
En cuanto al consumo las cifras son también de vértigo, sólo algunos datos: las matriculaciones de automóviles registraron la caída más intensa de su historia, un 45% y las hipotecas sobre la vivienda se redujeron un 32,4% en 2008 con respecto a 2007.
Ofensiva contra los trabajadores
Como siempre los capitalistas están intentando cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, en forma de reducciones de plantilla y despidos masivos utilizando varios mecanismos. El primero y más importante, aprovechando la alta tasa de temporalidad entre los trabajadores españoles ( 30% de ellos tiene un contrato temporal), es manejar el amplio margen que tienen para reducir plantillas con la no renovación de estos contratos, con lo que entre otras cosas se ahorran una buena cantidad de dinero en posibles indemnizaciones.
Por otro lado, sobre todo las grandes empresas, están recurriendo a los expedientes de regulación de empleo (EREs), que suponen una paralización total o parcial de su actividad productiva durante un período determinado de tiempo y que en muchos casos incluyen también reducciones definitivas de plantilla. De hecho hasta noviembre de 2008 el número de EREs había aumentado en un 163% en relación al mismo período de 2007. También estamos asistiendo a una cascada de despidos selectivos, con el objetivo de atemorizar al resto de los trabajadores, para así poder imponer reducciones salariales y aumentos de los ritmos de trabajo a los que se quedan.
Hacia la huelga general
En este contexto y a pesar de que los actuales dirigentes de los principales sindicatos españoles Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), siguen anclados en su estrategia de mantener la paz social a toda costa, intentando por todos los medios llegar continuamente a acuerdos con la patronal y el Gobierno y del impacto psicológico que ha producido entra la clase obrera el rápido y brusco deterioro de la economía, el ambiente social está alcanzando una temperatura crítica, que amenaza con una entrada en escena brusca de la clase obrera española en su conjunto.
La insatisfacción social acumulada en los cimientos de la sociedad no encuentra, por el momento, un cauce masivo de expresión, taponada por la falta de respuesta de las organizaciones obreras, políticas y sindicales. Pero el descontento y la furia es real y esta sale a la superficie en cuanto encuentra un vehículo con la suficiente entidad. Este ambiente de fondo es lo que reflejó la manifestación del pasado mes de enero en Madrid contra la agresión israelí en Gaza, en la que participaron más de doscientas mil personas.
Los trabajadores son conscientes de que la lucha aislada empresa a empresa, en un contexto de profunda crisis en todos los sectores, es un mecanismo que limita mucho la capacidad de respuesta frente a esta ofensiva patronal. La idea de la necesidad de una respuesta global está cobrando fuerza en la conciencia de millones de trabajadores a lo largo y ancho del país. La necesidad de una huelga general en defensa del empleo, de las condiciones de trabajo y por exigir al Gobierno del PSOE una política que defienda los intereses de los más desfavorecidos, es una reivindicación que cada vez cobra más fuerza entre los trabajadores.
Como muestra del descontento profundo entre los trabajadores españoles, se están desarrollando multitud de luchas locales que están suponiendo una presión muy fuerte para los dirigentes de CCOO y UGT. Los trabajadores de la sanidad y educación públicas están en pie de guerra en muchas regiones españolas. En Catalunya y Madrid, donde para el próximo 16 y 25 de marzo respectivamente, los sindicatos han convocado una huelga general en la educación no universitaria; también en Valencia,, Galicia, etc, las movilizaciones de estos sectores son constantes. Por su parte, los funcionarios de justicia están movilizándose contra el Gobierno de la derecha en la región de Madrid.
En Cataluña, región que está siendo especialmente castigada por los EREs y los despidos, estamos asistiendo a luchas importantes en las que los sindicatos se han empleado a fondo para poder encauzarlas. Los trabajadores de empresas como Nissan, Seat y otras del cinturón industrial de Barcelona, han protagonizado duras y masivas movilizaciones. También en Galicia los trabajadores del metal y de los astilleros han saltado a la lucha contra los despidos y la reconversión industrial encubierta.
Estas movilizaciones, son un anticipo de lo que se está gestando. La patronal por su parte está exigiendo al gobierno una nueva reforma laboral y reducir las indemnizaciones por despido. Esta presión de los capitalistas, y la amarga situación que viven millones de trabajadores se puede transformar en una respuesta unitaria y generalizada. La presión sobre las direcciones sindicales a favor de una huelga general se multiplicará en los próximos meses.