Unos 200.000 salvadoreños - aproximadamente el 4 % de la población - tomaron este 23 de octubre las calles de San Salvador para protestar contra los planes del gobierno derechista de privatizar el Seguro Social. Con esta marcha se demuestra una vez más la creciente resistencia a las privatizaciones y el apoyo social que respalda a los sindicatos del Seguro Social en su lucha en contra de la privatización y el deterioro de sus condiciones de trabajo.

El 19 de septiembre pasado el Sindicato de los Trabajadores del Instituto del Seguro Social Salvadoreño (STISSS) entró en huelga, a la que pronto se sumaron el sindicato de los médicos del Seguro Social (SIMETRISS) y su gremio, el Colegio de Médicos. La gota que derramó el vaso, después de una serie de provocaciones antisindicales de las autoridades, fue el despido de más de 10 activistas sindicales y un descuento salarial a 300 trabajadores por haber participado en un paro laboral en contra de la privatización del instituto. Con esta huelga se da continuidad a la lucha de 1999/2000 que finalizó cuando el gobierno dio marcha atrás al proyecto privatizador - pero solamente por un tiempo.

La estrategia del gobierno:

Solamente una pequeña parte de la población salvadoreña accede a los servicios de salud. Mientras que el seguro social cubre al 14% de la población ( los empleados en el sector formal de la economía y en el sector público), el resto de la población puede recurrir, en teoría, al sistema, supuestamente gratuito, del Ministerio de Salud. Pero la realidad es otra: según estimaciones sindicales, la atención del Ministerio cubre aproximadamente al 35% de la población. Una razón es la concentración de las instalaciones en los centros urbanos lo que implica, como en toda América Latina, para la población rural mayores dificultades para conseguir atención médica. Pero lo que realmente pone en entredicho la "gratuidad" de la atención médica es el cobro de cuotas supuestamente voluntarias en las instalaciones del Ministerio de Salud. Muchos pacientes reportaron que fueron obligados a pagar la cuota correspondiente antes de ser atendidos. Más que un derecho social, la salud sigue siendo un privilegio de los ricos - y esto en un momento en el que la desigualdad social va en aumento. Según estimaciones oficiales más de la mitad de los hogares salvadoreños se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Es en este contexto que el gobierno derechista de El Salvador impulsa la privatización del seguro social bajo la justificación de poder así mejorar los servicios vía la inversión privada. Pero en realidad se trata de fragmentar todavía más a los servicios de salud, privatizar las partes que prometen más beneficios económicos y vincular la calidad de la atención médica a la cantidad de la cuota que el asegurado quiere, o más bien puede, pagar. Por el otro lado el Estado debe seguir encargándose de la atención a la población más pobre pero con instalaciones cada vez más deterioradas e insuficientes. "Privatizar los beneficios y socializar las pérdidas" es la consigna de los tecnócratas salvadoreños.

La única fuerza que hasta estos momentos ha podido detener el plan privatizador ha sido la resistencia sindical y el rechazo popular a estas medidas que desde hace varios años se manifiesta en marchas multitudinarias y en la simpatía y respaldo que reciben los sindicatos. El gobierno, para lograr sus objetivos y romper la resistencia sindical, ha empleado varias estrategias. En primer lugar, en vez de hablar de privatización se habla del otorgamiento de concesiones a particulares - incluyendo al sindicato que por supuesto rechazó esta propuesta - que deberían responsabilizarse de algunos servicios dentro de los hospitales. En segundo lugar, la propaganda antisindical pretende aislar a los sindicatos de la población. Así los medios de comunicación más importantes - todos controlados por la derecha y cercanos al gobierno - han difamado a los sindicalistas presentándolos como gente violenta y agresiva que no fue despedida por su actividad sindical sino por haber robado en sus centros de trabajo.

¿Cuál democracia?

Las políticas antisindicales se recrudecieron cuando estalló la huelga. Hace algunas semanas la huelga fue declarada ilegal con lo cual las autoridades del seguro social obtuvieron la justificación para retener los salarios de los trabajadores y médicos. Además se dictaron órdenes de aprehensión en contra de los activistas sindicales más destacados y en una serie de manifestaciones los antimotines intervinieron con golpes y provocaciones a los participantes. Pero el acto que más pone de manifiesto lo delgado que es la fachada democrática del régimen salvadoreño es la militarización de las clínicas y centros de trabajo del Seguro Social. Recientemente declarada la huelga, policías y militares entraron en los centros de trabajo para impedir con amenazas y represión violenta la continuación de la huelga.

La complicidad entre el gobierno, las autoridades del seguro social, los tribunales "independientes" de justicia y los medios de comunicación para impedir y romper la huelga en el Seguro Social demuestra abiertamente el carácter autoritario del régimen salvadoreño que no ha cambiado desde que el FMLN y el gobierno firmaron la paz en 1992. Desde que ARENA sustituyó a la Democracia Cristiana en el gobierno, en 1989, se ha afianzado el control directo del empresariado salvadoreño, vinculado al capital financiero internacional, sobre los asuntos del Estado. Una de las consecuencias de esta intervención directa es la dolarización de la economía salvadoreña, que ha deteriorado todavía más las condiciones de vida de la mayor parte de la población salvadoreña.

Representantes importantes del empresariado han señalado varias veces que los sindicatos del sector público son el obstáculo más grande para privatizar las últimas empresas rentables que quedan en manos del Estado. La política antisindical del gobierno salvadoreño - la intimidación, represión y encarcelamiento - se dirige, en estos momentos específicamente contra el Sindicato del Seguro Social porque, en un contexto de fragmentación y debilitamiento del movimiento sindical, es uno de los sindicatos más fuertes, independientes y combativos de El Salvador.

La transformación del Estado

Bajo la presión de los organismos financieros internacionales los gobiernos latinoamericanos recortaron, desde los años 80, los gastos sociales e iniciaron la privatización de los servicios públicos rentables. Más que de medidas para "mejorar la eficiencia de la administración pública", como decía la propaganda se trataba de imponer los costos de la crisis del Estado intervencionista y desarrollista a los trabajadores, sectores populares y campesinos pobres. Además se pretendía abrir espacios económicos, hasta este momento relativamente protegidos, a la inversión de las grandes corporaciones trasnacionales, prometiendo grandes beneficios con la desregulación y flexibilización de las relaciones laborales, además de la presión sobre los salarios y las prestaciones de los empleados públicos.

Pero, al aparecer, el afán privatizador en América Latina tiene que enfrentarse cada vez más a la resistencia popular y la pregunta "Si privatizar es la cura - por qué Argentina agudiza" recorre todo el continente. En El Salvador el sindicato de electricistas se integró a la lucha de los trabajadores del Seguro Social para impedir la privatización del sector eléctrico salvadoreño. Con esto los sindicatos se van oponiendo a los intereses de las grandes corporaciones y del imperialismo estadounidense que vía la implantación del Plan Puebla Panamá busca el control directo sobre los recursos naturales y energéticos con los que cuenta Centroamérica.

La presión social logró que la Asamblea Nacional votara una ley impulsada por el grupo legislativo del FMLN y por los Sindicatos del Seguro Social que prohíbe explícitamente la privatización o la concesión del sector salud pero el presidente Francisco Flores ya ha anunciado su veto a esta ley. Pero incluso si esta ley pudiera ser un obstáculo al proceso de privatización en el país esto no ayudaría a mejorar las condiciones de salud de la mayoría de la población. Como se mencionó en un principio, en estos momentos el sistema de salud no da abasto a toda la población necesitada y la política del gobierno - con o sin privatización - va en el sentido de mantener esta tendencia hacia instalaciones médicas públicas cada vez más deterioradas y con un número insuficiente de personal médico y de enfermería mientras que los estratos sociales con más recursos fácilmente pueden recurrir a médicos y clínicas privadas.

Hay que revertir esta tendencia hacia la salud como un privilegio de clase. Para esto es imprescindible cuestionar nuevamente la distribución de las riquezas en el país así como la intervención de los intereses extranjeros que privilegian el pago de las deudas y la estabilidad financiera sobre el bienestar de la población salvadoreña. Esto significa recuperar las mejores tradiciones del movimiento revolucionario salvadoreño que a lo largo de los años 70 y 80 hizo temblar el dominio de las clases oligárquicas en el país.

Las demandas centrales de los Sindicatos del Seguro Social son:

Alto a la privatización de los servicios de salud y a la privatización a escondidas de los servicios públicos vía el sistema de concesiones a empresas privadas.
Reinstalación de los trabajadores despedidos.
Alto a la militarización de los centros de trabajo: Retiro de la policía y de las empresas privadas de seguridad de los centros de trabajo y de las clínicas del Seguro Social.
Anulación de los órdenes de aprehensión contra los activistas sindicales.
Se pueden mandar cartas de solidaridad con los sindicatos, así como copias de los correos electrónicos de protesta a nombre de RENÉ EDGARDO RICO a las siguientes direcciones electrónicas:

reneerich74@yahoo.com
stisss@saltel.net
Correos electrónicos y Fax de protesta se deben mandar a:
Presidente de El Salvador
Francisco Flores
Presidente de la República
Email: Carlos Rosales
Secretario de Comunicación
crosales@casapres.gob.sv
Fax (503) 248 9010
Autoridades del Instituto del Seguro Social Salvadoreño
Mauricio Ramos Falla
Director General del I.S.S.S.
Email: comunicacionesisss@elsalvador.com
Fax : (503) 26037 03