El pasado 5 de junio ETA ha finalizado el alto el fuego que proclamó en marzo de 2006. En su comunicado, ETA afirma su decisión de reactivar "todos los frentes" y la vuelta a la actividad armada para "superar la actual división institucional y construir un Estado independiente". Para ETA la causa de dicha ruptura es que "no existen las condiciones democráticas mínimas que se necesitan para poder desarrollar un proceso de negociación".

Tras el atentado del pasado mes de diciembre en la T4 del aeropuerto de Barajas, que acabo con la vida de dos trabajadores inmigrantes, y el posterior desarrollo de los acontecimientos, el anunció de ETA no ha supuesto una sorpresa para la mayor parte de la clase trabajadora. Paradójicamente donde más esperanzas había de que dicha ruptura no se llegase a producir, y donde mayor frustración y preocupación hay ahora, es en las propias filas de la izquierda abertzale que ya han sufrido las consecuencias con la detención fulminante de Arnaldo Otegi.

El anuncio de ETA centrará el debate político en el próximo periodo, alimentando la campaña por parte de la derecha y el sector más reaccionario del aparato del Estado a favor de un incremento sustancial de la represión de los derechos democráticos y de nuevas medidas de excepción judicial. Con su vuelta a la actividad armada, ETA refuerza, precisamente, a aquellos sectores a los que pretenden combatir.

El intento de negociación entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero, que tantas expectativas había levantado, se ha visto frustrado por diferentes y poderosas razones. Pero sobre todo ha evidenciado que bajo el capitalismo, bajo el dominio de la burguesía, española, vasca o francesa, no existe posibilidad de alcanzar el ejercicio pleno de los derechos democráticos de Euskal Herria, tales como el derecho de autodeterminación o la unidad territorial. Ambas tareas sólo podrán ser satisfechas en un marco político y económico bien diferente al del sistema capitalista: el socialismo. La experiencia de estos últimos meses es concluyente: la lucha por estas reivindicaciones democráticas sólo puede tener éxito si están vinculadas a la transformación socialista de la sociedad y si el motor de ella es la clase obrera de Euskal Herria junto con sus hermanos de clase del Estado español y francés. Cifrar cualquier esperanza en que de la mano de la burguesía estas demandas pueden ser resueltas es haber entendido muy poco de la historia de la lucha de clases.

Cuando ETA declaró el alto el fuego en marzo del año pasado, los marxistas de El Militante realizamos una extensa declaración en la que señalábamos, entre otras, las siguientes ideas:

"La represión de los derechos democráticos nacionales de Euskal Herria y del resto de las nacionalidades históricas ha sido una de las características fundamentales en la acción política de la burguesía española a lo largo de la historia. Basándose en los principios más reaccionarios, agitando la amenaza del ‘separatismo’ y la ‘unidad sagrada de la patria’, la clase dominante española y su aparato del Estado han negado sistemáticamente los más elementales derechos democráticos de una parte considerable de la población de estas nacionalidades —desde el uso y enseñanza de la lengua materna hasta el derecho a la autodeterminación—.

"Los predecesores del PP bajo la dictadura franquista —que gobernaron el conjunto del Estado español casi cuarenta años basándose en la opresión más salvaje de la clase obrera— aplastaron sin contemplaciones los derechos democráticos de las nacionalidades. De esta manera, la burguesía española sólo aplazó el problema, provocando que el material explosivo de la opresión nacional se acumulara en los cimientos de la sociedad.

"La burguesía española tiene la responsabilidad fundamental de lo acontecido en Euskal Herria en las últimas décadas. Su incapacidad para resolver el problema nacional ha ido acompañada de un incremento masivo de la represión en todos los ámbitos. Durante años han utilizado los métodos más sangrientos para terminar con las aspiraciones democrático-nacionales de miles de vascos, incluyendo el recurso sistemático al terrorismo de Estado desde los años setenta. En este sentido, la implicación de los dirigentes del PSOE bajo los gobiernos de Felipe González en la guerra sucia (GAL), demostró lo lejos que llegaron en su apoyo al aparato del Estado y a la burguesía española para liquidar manu militari el problema nacional vasco.

"Bajo el gobierno del PP la ofensiva contra los derechos democrático-nacionales de Euskal Herria en general, y contra la izquierda abertzale en particular, arreciaron con fuerza. El cierre de periódicos y órganos de expresión de la izquierda abertzale; la persecución del euskera en Navarra; la ilegalización de Batasuna y la supresión de las candidaturas de la izquierda abertzale en las elecciones autonómicas y municipales; la violencia policial contra todo tipo de manifestaciones en apoyo a la autodeterminación; el mantenimiento de la política de dispersión de presos; la utilización del aparato judicial para aumentar las condenas y violar el propio código penal vigente; la apertura de procesos judiciales por el "delito" de manifestarse a favor de la independencia de Euskal Herria, etc., son algunos de los ataques más sobresalientes que forman parte del arsenal utilizado para criminalizar todo lo vasco, esparciendo simultáneamente el veneno del chovinismo español en amplias capas de la población".

La experiencia de estos meses ha confirmado plenamente las ideas expresadas en los párrafos anteriores. Hay que remontarse a la movilización de la CEDA en los años previos a la Guerra Civil, para encontrar una agitación tan amplia y militante a favor del nacionalismo español más reaccionario como la protagonizada en este último año por el Partido Popular y sus organizaciones afines. Han sido decenas de manifestaciones en Madrid, y en otras tantas ciudades del Estado, en las que la derecha ha sacado a su base social a la calle agitando rabiosamente las banderas rojigualdas y vertiendo histéricamente su demagogia "antiseparatista".

Esta actitud de extrema derecha, de hostilidad manifiesta y rencorosa contra los derechos democráticos de las nacionalidades históricas no se ha limitado tan sólo a Euskal Herria: el mismo lenguaje se ha utilizado contra el pueblo de Catalunya en el periodo de discusión del Estatut y contra cualquiera que ha osado levantar su voz frente a este festival de reacción.

La derecha ha empleado todos los recursos a su alcance para hacer fracasar el llamado proceso de paz. Ha movilizado a fondo sus peones en el aparato judicial, policial y, por supuesto, mediático, para desgastar lo más posible al gobierno y obtener así ventajas electorales. En su campaña han llegado tan lejos que no han dudado en lanzar acusaciones contra el PSOE respecto a su posible responsabilidad en los atentados del 11-M.

Pero esta actitud del PP, como hemos señalado en numerosos artículos y declaraciones posteriores, no sólo responde a los intereses cortoplacistas del aparato del partido, obsesionado con recuperar el gobierno al precio que sea. La reacción del PP es sin duda un buen reflejo de la naturaleza política de la clase dominante española y su aparato del Estado, forjada durante siglos de represión contra los derechos democráticos de las nacionalidades y, por supuesto, de combate contra los trabajadores y sus organizaciones. Contemplando la historia política de la burguesía española en los siglos XIX y XX, no es difícil llegar a concluir que los periodos de "democracia parlamentaria" han sido mínimos y excepcionales en relación a las fases mucho más extensas de dictaduras militares o regimenes basados en la represión abierta. En sí, esta realidad histórica es una señal inequívoca del atraso y la debilidad de la clase dominante española. Partiendo de estos hechos, los últimos treinta años de parlamentarismo y colaboración política de los dirigentes reformistas de la izquierda han creado una imagen equívoca: la de una derecha "moderna" y "democrática" que respeta las "reglas del juego".

En un contexto de fuerte polarización política alimentada por las movilizaciones masivas contra la derecha, y que culminaron con la derrota del PP en las elecciones generales de marzo de 2004, la burguesía ha puesto toda la carne en el asador para dar un escarmiento a la izquierda y ocupar la calle.

La apertura de un proceso de dialogo con ETA por parte del gobierno de Zapatero les ha proporcionado una palanca para arengar a sus tropas, especialmente a las capas medias, y ofrecerles un programa acabado: la lucha contra el "separatismo", contra la "izquierda radical" y "antiespañola" que supuestamente representa Zapatero, y, sobre todo, la defensa de las señas de identidad más rancias y vetustas de la clase dominante.

En nuestra declaración del mes de abril de 2006 antes citada planteábamos: "La negociación que pretende impulsar el gobierno Zapatero en su primera fase, se centrará muy probablemente en la exigencia del abandono definitivo de la actividad armada de ETA a cambio de la legalización de Batasuna. De esta manera, la Izquierda Abertzale podría presentarse con sus propias siglas a las próximas elecciones de 2007 y frenar la ofensiva judicial contra ella.

"En una segunda fase, en la medida en que se consolide el alto el fuego de ETA, es probable que el gobierno procediese a adoptar medidas favorables al colectivo de presos.

"En cuanto a la llamada mesa de partidos, si bien la dirección del PSOE ha roto con la política de seguidismo que mantuvo durante años con el PP, su posición sigue absolutamente condicionada por la derecha y el sector más reaccionario del aparato estatal que no desea ninguna solución al problema nacional de Euskal Herria. En la medida en que los dirigentes socialdemócratas del PSOE abandonaron una política socialista y de clase, han abanderado durante años la negativa a reconocer el derecho de autodeterminación para Euskal Herria sumándose, en lo fundamental, a la posición del nacionalismo español. Obviamente, los dirigentes del PSOE, incluidos los del PSE, no aceptaran negociar sobre el derecho de autodeterminación o la unidad territorial de Euskal Herria".

Uno de los hechos más llamativos de todo el proceso, especialmente en los primeros meses de la tregua, ha sido la constante reiteración de los dirigentes de la izquierda abertzale, y el núcleo de la dirección de ETA que está en sintonía con ellos, de que la solución al conflicto era posible. Pensaban que era posible lograr, a través del diálogo con el Estado, objetivos fundamentales como el derecho de autodeterminación, o al menos plantear esta posibilidad para el futuro, pero se ha visto, una vez más, que la burguesía española jamás realizaría una concesión semejante en una mesa de negociación.

El llamado "proceso de paz" se estancó en una profunda crisis hace bastantes meses, por la política de acoso del PP y las concesiones a la derecha realizadas por parte del gobierno del PSOE. Objetivamente, lo único que lo mantenía en pie era el hecho de que ETA no había llevado a cabo un atentado con víctimas desde el 30 de mayo del 2003.

Desde la declaración de "alto el fuego permanente" en marzo de 2006, la represión de los derechos democráticos y el acoso contra la izquierda abertzale, lejos de remitir, fue utilizada como un elemento de presión por parte del Gobierno del PSOE para forzar el abandono de la "lucha armada", sin concesiones sustanciales en el terreno político. Como ha quedado sobradamente demostrado, todos los gritos histéricos del PP, la AVT y la Cope en el sentido de que el Gobierno se estaba rindiendo a ETA eran absolutamente falsos.

La estrategia del gobierno, y de los que le apoyaban en el parlamento español y vasco, fue dilatar en el tiempo los contactos y la negociación, mientras a través de la represión pretendían probar la determinación de ETA de abandonar las armas y su solidez interna. Su objetivo no era el reconocimiento de los derechos democráticos sino llevar a la izquierda abertzale al terreno institucional, siguiendo el modelo de Irlanda del Norte y el camino emprendido por el Sinn Fein y el IRA.

Tras nueve meses de alto el fuego, el gobierno de Zapatero no tomó ninguna iniciativa de acercamiento de presos a Euskal Herria o de puesta en libertad de aquellos que hubieran cumplido condena o estuvieran gravemente enfermos. Por el contrario, continuó aplicando y promoviendo la política de dispersión y el encadenamiento de condenas contra presos a punto de ser excarcelados, como en el caso de De Juana Chaos. Una política con la que difícilmente se podía promover el abandono de las armas.

La dirección del PSOE, en lugar de actuar consecuentemente y adoptar medidas a favor de los derechos democráticos, fue cediendo a la embestida del Partido Popular. Aunque el gobierno de Zapatero realizó algún gesto, como trasladar a De Juana Chaos a un hospital de San Sebastián y oponerse a la ilegalización de ANV tal como le reclamaba Rajoy, en ningún caso se enfrentó a la derecha movilizando todo el potencial de la izquierda.

En la práctica, a los dirigentes socialdemócratas la movilización de la clase obrera les suscita auténtico pánico. En su estrategia responsable pensaban que, emplazando al PP al consenso y evitando medidas que les provocasen, iban a rebajar la tensión y mejorar sus resultados electorales. Pero han calculado mal. Girando a la derecha en el terreno de los derechos democráticos como en el resto de su política, ya sea en materia de educación, sanidad, economía, o intervenciones militares proimperialistas en el exterior, sólo fortalecen al PP.

Los reformistas parten de la idea equivocada de que alentar a la movilización de la izquierda contribuye a aumentar la "crispación". Como hombres de Estado renuncian a apelar a su base social cuando se dan todas las condiciones para hacer frente a la derecha, como se demostró en la manifestación del pasado 13 de enero en Madrid. Pero ideas semejantes sólo contribuyen a que la reacción avance y se envalentone aún más.

En el marco de esta estrategia, un punto de inflexión hacia la ruptura del llamado proceso de paz se produjo cuando el Gobierno, presionado por la movilización del PP, se negó a derogar la Ley de Partidos. En ese momento, la izquierda abertzale renunció a legalizarse con una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza: hubiera sido realmente difícil mantener ante sus bases las expectativas de una resolución democrática del conflicto si ni siquiera se lograba derogar dicha ley.

Este punto ha puesto en evidencia la regresión en los derechos democráticos al amparo de la supuesta lucha contra el terrorismo. El rechazo social a la Ley de Partidos es tan creciente que incluso 150 juristas, fiscales, jueces y abogados, muchos de los cuales tienen responsabilidades en el aparato del Estado, la han denunciado por propiciar un Estado de excepción judicial. También el grueso de las organizaciones políticas vascas, incluyendo a las formaciones políticas de la burguesía (PNV-EA), se han manifestado a favor de su derogación. No en vano dicha ley ha sido utilizada por el sector más reaccionario del aparato judicial para llevar acciones en los tribunales contra el lehendakari Ibarretxe y contra el líder del Partido Socialista de Euskadi Patxi López.

Como los marxistas hemos denunciado reiteradamente, la Ley de Partidos es un instrumento de largo alcance que amenaza los derechos democráticos de toda la clase trabajadora y sus organizaciones. Sobre la base de su experiencia es obvio que la burguesía española no quiere renunciar a tamaña conquista, que le permite enjuiciar impunemente a organizaciones de izquierda, sindicalistas y activistas sociales por simples delitos de opinión, así como prohibir manifestaciones y, en el futuro, intentar silenciar a todos los que se opongan a sus intereses.

Tras la ruptura del alto el fuego, los hechos han vuelto a dejar claro que por la vía de la represión jamás se logrará solucionar un problema de naturaleza política como es la cuestión nacional vasca. Lo único que se logra es dar cuerda a la ruleta de la acción-represión-acción que lleva girando cuatro décadas.

En la misma sintonía, la burguesía vasca tan sólo ha intentado aprovecharse de la coyuntura. Como señalamos en nuestra declaración de abril: "Por su parte la burguesía vasca no quiere quedarse al margen. Aprovechando la coyuntura abierta, lo más probable es que el PNV trate, como ha hecho CiU, de renegociar el Estatuto Vasco de forma favorable para sus intereses, es decir para los intereses de la burguesía vasca, a cambio de hacer alguna concesión menor a la Izquierda Abertzale. Lo que ha quedado demostrado es que el PNV jamás liderará una lucha consecuente por el derecho de autodeterminación. Sus vínculos y negocios con la burguesía española y con el mercado español son mucho más importantes que las declaraciones para la galería que se hacen en el Aberri Eguna".

En lo que ha durado el llamado proceso de paz, los líderes del PNV han mantenido su doble lenguaje habitual. Por un lado, reclamaban al gobierno el fin de la Ley de Partidos, que también les afectaba directamente, o se manifestaban a favor de la presencia de Batasuna en las elecciones municipales. Por otro, y éste es el aspecto decisivo, aplicaban con firmeza todas las medidas represivas adoptadas por el aparato judicial y el gobierno, con la vista puesta en debilitar al máximo a la izquierda abertzale. La posibilidad de que una posible negociación pudiese fortalecer a la izquierda abertzale no era del agrado del PNV, que observaba como la OPA hostil que había lanzado hace años para absorber una parte de su electorado se venía abajo.

Una vez más la burguesía vasca ha dejado bien patente que su defensa de los derechos democráticos de Euskal Herria no es más que una cortina de humo para esconder sus auténticos intereses de clase. Por encima de todo, la patronal vasca y su partido, el PNV, exige a Madrid más concesiones "institucionales" para reforzar su derecho a seguir explotando a los jóvenes y trabajadores de Euskal Herria. En todo el proceso, la burguesía vasca no ha dejado ni un segundo de obtener beneficios fabulosos de la precariedad en el empleo, los bajos salarios y la privatización de los servicios públicos, como educación y sanidad, que en el caso de la CAV han llegado a los niveles más altos del conjunto del Estado.

La idea de que la burguesía vasca es un aliado en la lucha por los derechos democráticos de Euskal Herria ha sido desmentida una vez más. En conclusión, la estrategia a favor de un frente nacional vaco con nuestros explotadores, es un error fundamental. La liberación nacional de Euskal Herria forma parte de la lucha de los oprimidos por su liberación social y de clase. Desvincular ambas es una gran equivocación. Sólo la lucha revolucionaria por el socialismo de los trabajadores y la juventud de Euskal Herria, por encima de las fronteras nacionales y aliados a sus hermanos del Estado español y francés, permitirá hacer realidad el derecho de autodeterminación y la unidad territorial. Y esa lucha exige un programa socialista de independencia de clase, no de colaboración con la burguesía; un programa basado en la movilización de masas y no en las acciones armadas.

En nuestra declaración política tras la proclamación del alto el fuego señalamos: "Los temores por parte del gobierno Zapatero, del PNV y de la dirección de la Izquierda Abertzale comprometida con este proceso, han sido que un sector de los activistas más jóvenes decidiesen continuar la lucha armada. La represión masiva, el sumario 18/98, la ilegalización de las organizaciones abertzales, la falta de expectativas bajo el capitalismo etc., han provocado un odio creciente entre sectores de la juventud vasca hacia la política llevada a cabo por la derecha y un escepticismo profundo hacía cualquier solución negociada.

"Sin embargo, volver a la vía armada, aunque no está descartada, es sumamente difícil. La posibilidad de derrotar al aparato del Estado capitalista a través de la Goma 2 y los coches bomba, ha fracasado y lo ha hecho tras más de cuarenta años de ser puesta en práctica. Si se pensase en recurrir de nuevo a estos métodos toda la maquinaria represiva del Estado se pondría en marcha, al tiempo que el aislamiento social se profundizaría. Nuevas acciones armadas en el futuro tendrían que enfrentarse al mayor de sus problemas: la reacción del conjunto de la población que ha demostrado ya su negativa a aceptar estos métodos de lucha".

Las condiciones para que sectores de la juventud vasca piensen que la vuelta a las acciones armadas puede ser la vía para resolver la cuestión nacional en Euskal Herria surgen por la incapacidad del capitalismo, la burguesía y los dirigentes reformistas de la izquierda a la hora de ofrecer ninguna solución. Sin embargo, la vuelta a la actividad de ETA sólo provocará el efecto contrario al que persigue: reforzará el aparato del Estado, alentará a la derecha, facilitará la campaña chovinista del nacionalismo español entre sectores amplios de la población, y generará confusión en torno a la necesidad o no de defender los derechos democráticos para Euskal Herria.

Todo parece indicar que los acontecimientos se precipitaron a partir del verano de 2006. Una vez que quedó claro que no iba a producirse ninguna concesión política de fondo por parte del gobierno de Zapatero, los sectores más jóvenes y duros dentro de ETA sustituyeron a los más veteranos en la mesa de negociación. El alarde armado por parte de tres activistas de ETA en el Gudari Eguna (día del soldado vasco), imitando las antiguas puestas en escena del IRA, mostraba el sentido que podría tomar este relevo. Finalmente, el 30 de diciembre la tregua se rompió de hecho aunque entonces no se quisiese reconocer.

El atentado de Barajas, en el que murieron dos jóvenes obreros ecuatorianos, respondía al intento de este sector de acelerar las negociaciones pero provocó, como era previsible, todo lo contrario. La histeria de la derecha se redobló, la presión mediática también, y desde el gobierno del PSOE el listón en la negociación se puso mucho más difícil para la izquierda abertzale. Hablar de cualquier concesión, en esas condiciones, se supeditaba al abandono inequívoco de las armas.

La dirección de la izquierda abertzale, que fue pillada por sorpresa por el atentado de ETA, realizó por primera vez declaraciones muy duras contra la organización armada. Arnaldo Otegi emplazo a ETA a mantener el alto el fuego, al mismo tiempo que intentaba mantener vivo el proceso haciendo nuevas concesiones políticas, como la propuesta de autonomía conjunta para Navarra y Euskadi. Paralelamente, en una demostración al gobierno de su disposición a continuar con el proceso, presentaron los estatutos de una nueva organización, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), que cumplían todos los requisitos de la Ley de Partidos. Pero a pesar de ello ASB fue ilegalizada al igual que las plataformas electorales que se presentaron con las firmas ante notario de 80.000 ciudadanos vascos.

Desde el inicio el proceso estuvo sometido al sabotaje y la oposición permanente de la derecha y las vacilaciones y concesiones de los dirigentes del PSOE. Pero en nada ayudó tampoco el que la dirección de la izquierda abertzale crease unas expectativas falsas entre sus bases, asegurando que se vivía un momento histórico, una segunda transición y que la solución estaba al caer si los agentes sociales se sentaban en las mesas de negociación. Se llegó a hablar de una segunda transición sin querer comprender que el auténtico motor de la transición en los años setenta fue la situación prerrevolucionaria que se creó con la lucha abnegada y sacrificada de la clase trabajadora, que arrastró tras de sí a importantes sectores de la intelectualidad, los estudiantes y las clases medias y no como consecuencia de conversiones milagrosas como ahora se apuntaba refiriéndose al PNV o a EA.

El inicio del llamado proceso de paz fue el resultado de acontecimientos extraordinarios de la lucha de clases. En primer lugar del movimiento de masas gigantesco contra el PP que se extendió desde el año 2000 hasta el momento de su derrota electoral en marzo de 2004. Las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y la juventud —contra las contrarreformas educativas, en respuesta al desastre del Prestige, contra el Plan Hidrológico Nacional, en la huelga general del 20 de junio de 2002, en las masivas manifestaciones contra la guerra imperialista en Iraq, y que culminaron en las jornadas de lucha contra los atentados integristas del 11-M— dejaron absolutamente en evidencia los métodos armados de ETA. La lucha de masas acabó con el gobierno del PP y abrió una nueva perspectiva para la resolución del conflicto en Euskal Herria.

Obviamente todos estos acontecimientos decisivos estuvieron precedidos por otros en los que se fue fraguando el rechazo masivo a los métodos de ETA y que aumentaron el aislamiento social de la izquierda abertzale. Fuera de las instituciones, sometidos al cerco de la represión, con una capacidad de movilización más limitada, después del abandono de las armas por parte del IRA y ante un movimiento de masas que había logrado la derrota del PP, se abrió paso la necesidad de poner fin a las acciones armadas, es decir, a los métodos del terrorismo individual.

Qué duda cabe de que en esas circunstancias, los dirigentes del PSE-PSOE, que habían comprobado en sus propias carnes los efectos nefastos de su política frentista con el PP, se orientaron firmemente hacia la negociación. Evidentemente, de salir bien, el final de la actividad armada de ETA habría propiciado buenos dividendos electorales al PSOE. Pero los dirigentes socialdemócratas jamás hubieran emprendido este camino si no hubieran comprobado que existía una masa crítica en la sociedad que apoyaba la negociación. Todas las encuestas, no sólo en Euskal Herria sino también en el resto del Estado, mostraban una mayoría a favor de una solución negociada. Y todo esto después de años de política reaccionaria por parte del PP y su gobierno.

El movimiento de masas no sólo derrotó al PP, también creó las condiciones para el llamado proceso de paz y lo mantuvo durante estos meses. De hecho esto se volvió a comprobar tras el atentado de Barajas, cuando los sindicatos, el PSOE e IU se vieron obligados a convocar una manifestación el 13 de enero contra el mismo, que en realidad se convirtió en una demostración de los trabajadores madrileños contra la derecha y en apoyo a una salida política al conflicto.

Los derechos democráticos nacionales no se pueden lograr por los métodos de la lucha armada de pequeños grupos de activistas. Decenas de comandos, como pudo tener ETA en su momento más álgido, no pueden sustituir la acción decidida de millones de jóvenes y trabajadores. La organización armada vasca no puede derrotar al Estado y lograr la independencia como tampoco el Estado puede derrotar a ETA a través de la mera represión policial, como afirma demagógicamente el PP. Lo único que ha logrado, y que logrará, la represión es más presos, una mayor rotación en los comandos y el ascenso a la dirección de sectores más jóvenes como se está demostrando.

Los resultados de las pasadas elecciones municipales también representaron un espaldarazo al proceso que se ha frustrado: caída del voto del PP y el PNV y crecimiento del voto de ANV y del PSE-EE en Euskadi y Navarra.

Tras la ilegalización de ASB, de las plataformas electorales y de 140 listas de ANV, ésta ha logrado un importante resultado como demuestran los 187.000 votos obtenidos, entre votos legales y nulos. En muchos pueblos y ciudades de Euskal Herria se ha dado un auténtico vuelco del partido de la burguesía vasca, el PNV, a favor de las candidaturas de ANV demostrando que existe un claro rechazo a la demagogia de la burguesía vasca y a sus ataques a los derechos de los trabajadores.

Pero el mensaje de todos estos votos ha sido doble: por un lado apuntaban claramente al Estado y al gobierno de Zapatero en el sentido de que la represión jamás solucionará un problema político como es la cuestión nacional vasca; pero también contenían un mensaje hacia ETA, ya que el voto ha sido "un sí rotundo al proceso", como decían los carteles de ANV y esto implicaba un empujón al alto el fuego que ETA ha decidido ignorar por completo apenas unos días después.

Si ETA hubiese hecho pública la ruptura del alto el fuego al inicio de la campaña electoral, los resultados obtenidos por ANV no hubiesen sido, ni de lejos, los mismos. En las elecciones posteriores al fin de la anterior tregua, los votos de la izquierda abertzale se desplomaron. Por eso, muy probablemente, han hecho el anuncio de ruptura después de la cita electoral. ¿Esta es la confianza que tiene ETA en los votantes de la izquierda abertzale? ETA tiene que saber que muchos votantes de ANV se sienten traicionados.

Lo que ha quedado claro es que ETA se ha distanciado mucho, y cada día lo hará más, de su base social de apoyo. Y esto es una consecuencia lógica de la dinámica militarista, en la que la lucha revolucionaria de masas —a través de la organización en barrios, tajos, fábricas y centros de estudio, de las huelgas parciales y la huelga general, de la ocupación de empresas y la insurrección revolucionaria— se reemplaza por la acción armada clandestina y por un programa estratégico que sólo aspira a la independencia de Euskal Herria, aplazando la lucha por el socialismo a un futuro lejano.

Cuarenta años de este tipo de acciones por parte de ETA no han derrotado al Estado. Ahora, una vuelta a las acciones armadas volverá a reforzar, temporalmente, el aparato represivo del Estado y alentará a la derecha y su campaña reaccionaria a favor del nacionalismo español.

Si las esperanzas abiertas con la negociación se hubiesen saldado con el abandono por parte de ETA de la lucha armada a favor la lucha política, y la salida de los presos de las cárceles, la gran mayoría de los militantes de la izquierda abertzale lo hubieran considerado un paso adelante real. A partir de este logro, la amnistía de los presos, se hubiera podido afrontar la lucha por los derechos democráticos y por el socialismo sobre la base de la movilización de la clase trabajadora en Euskal Herria y en el Estado español y francés.

Por una alternativa socialista para resolver la cuestión nacional de Euskal Herria

El único resultado de nuevos atentados será dar excusas para aumentar la represión y que la izquierda abertzale, que ha sido capaz de aglutinar a decenas de miles de jóvenes y trabajadores tras sus filas, tenga que seguir pagando un alto precio por ello. Toda la experiencia pasada ha demostrado una y otra vez que la lucha armada de ETA condiciona y obstaculiza la lucha política. Una verdad a gritos que ciertos sectores, más jóvenes y desideologizados, no quieren reconocer.

El fenómeno de la actividad armada de ETA es la expresión de un sistema, el capitalista, profundamente enfermo y en crisis orgánica. Ni la burguesía española ni la vasca pueden dar satisfacción a las reivindicaciones democráticas nacionales, de la misma forma que son incapaces de garantizar el bienestar de las masas a quienes explotan. Sus beneficios son nuestros sacrificios y en la medida en que la crisis de su sistema se acrecienta, que la riqueza se concentra en unas pocas manos a costa del sufrimiento de la gran mayoría y crecen las protestas sociales que podrían derribar todo el sistema, la clase dominante utiliza el terrorismo individual como excusa para fortalecer el aparato represivo que será empleado duramente contra la clase obrera.

La decisión de ETA alimentará la espiral acción-represión-acción, favoreciendo objetivamente los intereses de la clase dominante, del PP, del PNV y del ala más de derechas del PSOE, haciendo un flaco favor a la lucha por el socialismo y el derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Representa un regalo para el Partido Popular, que se está frotando las manos pensando en volver a La Moncloa en la próxima legislatura. La actitud de los líderes del PP pasando a la ofensiva en todos los frentes para poner de rodillas al Gobierno de Zapatero, exigiéndole que ilegalice a EHAK y ANV y presionando con éxito para que se encarcele a Otegi y a De Juana Chaos, es un botón de muestra de lo que sucederá en los próximos meses.

Los trabajadores y jóvenes marxistas de El Militante y la Corriente Marxista Internacional llamamos a la juventud y a la clase trabajadora de Euskal Herria y del resto del Estado a luchar por una alternativa socialista revolucionaria para resolver el problema nacional. Una alternativa que pasa por derogar todas las leyes y medidas antidemocráticas —la Ley de Partidos y la legislación que ha permitido endurecer el Código Penal— y por el acercamiento de los presos a Euskal Herria y el fin de la política de dispersión, una losa sobre las espaldas de miles de familiares que de esta manera también se convierten en víctimas de la política penitenciaria. Los marxistas rechazamos los métodos armados de ETA porque actúan como un muro que impide avanzar la conciencia de la clase obrera, divide a los trabajadores y fortalece a la burguesía, amplificando su propaganda reaccionaria y las medidas represivas.

Los marxistas nos basamos en la fuerza de la clase obrera y en sus métodos de lucha para transformar la sociedad: las manifestaciones de masas, la huelga general, la ocupación de fábricas y la insurrección.

Como revolucionarios estamos en contra de todo tipo de opresión, de clase, nacional o racial. Defendemos el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria, y de las nacionalidades históricas, pero este derecho sólo se podrá alcanzar con una política internacionalista. Buscar la solución al problema nacional vasco en el marco del capitalismo y el acuerdo con la burguesía, sea vasca, española o francesa, es un callejón sin salida. Una Euskal Herria independiente capitalista, no ofrece ninguna salida para la mayoría de la población que estaría sometida a la explotación más feroz por parte de la burguesía vasca, aunque esta se envolviese en los colores de la ikurriña. Defendemos la unidad de los trabajadores y de la juventud vasca, por encima de fronteras nacionales, con sus hermanos de clase del Estado español y francés para luchar por el derrocamiento del capitalismo. Sólo con una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas y con la Federación Socialista de Europa, Euskal Herria podrá ser libre y la opresión nacional un mal recuerdo del pasado.

Gasteiz, 11 de junio de 2007