Después de 9 días de euforia españolista desatada en todo el Estado, la crisis en Catalunya podría tomar un nuevo giro con la detención de los máximos dirigentes de dos de las principales organizaciones independendistas, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart, de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. En la noche de ayer hubo caceloradas masivas en toda Barcelona y otras ciudades. En Girona, hubo una gran manifestación nocturna y cortes de carretera en algunas poblaciones, como El Masnou. Hoy martes, hay convocadas movilizaciones al mediodía de los estudiantes y concentraciones a la tarde en las delegaciones del gobierno de las cuatro capitales de provincia. El Estado español, envalentonado ante el impasse que atravesaba el movimiento independentista desde el paro del 3 de octubre, rebosa de soberbia. Una vez más, el látigo de la reacción puede provocar un alza del movimiento de masas en Catalunya.

Después del 3 de octubre, cuando millones pararon sectores importantes de la economía catalana y más de un millón salieron a las calles contra la represión policial del 1-O, la Generalitat decidió poner el freno y desmovilizar el movimiento de masas en una apuesta ilusoria por alcanzar un acuerdo negociado con el gobierno español sobre la independencia. El Estado, animado por los grandes empresarios y banqueros del IBEX35, oliendo vacilación y divisiones en la cúpula independentista, retomó la iniciativa a partir del discurso televisado de Felipe VI quien llamó a aplicar la “ley y el orden”, y desató movilizaciones de masas reaccionarias en todo el Estado, incluyendo Catalunya. Esto culminó la semana pasada con el inicio del proceso tendente a aplicar el artículo 155 de la Constitución para destituir al gobierno catalán e intervenir la autonomía catalana.

Precisamente, ayer lunes 16 de octubre a las 10 de la mañana, terminaba el primer plazo que el gobierno español le había dado al gobierno catalán para aclarar si había declarado o no la independencia el pasado martes 10 de octubre, cuando Puigdemont se dirigió al Parlament para anunciar que su gobierno pensaba llevar a efecto la proclamación de la República catalana pero que congelaba cualquier decisión al respecto, a la espera de negociar con el gobierno. El requerimiento enviado por Rajoy la semana pasada, era parte de los requisitos legales para aplicar el artículo 155. Pero una vez más, el presidente catalán Puigdemont dio ayer otra respuesta no concluyente, limitándose a enviar al gobierno central el discurso del 10 de octubre y emplazándolo a negociar.

La decisión del 10 de octubre del presidente catalán de evadir una respuesta categórica y pedir negociaciones fue tomada bajo una enorme presión de los capitalistas catalanes, de la UE y de un importante sector de dirigentes del PDECAT, que hablan abiertamente de poner fin al desafío independentista y alcanzar un acuerdo lo más favorable posible con el gobierno central a favor del autogobierno catalán.

Sin embargo, esta decisión fue objeto de fuertes críticas por parte del ala izquierda del movimiento. La CUP exigió una declaración inmediata de independencia y amenazó con retirarse del parlamento catalán. Si actuaran con esa amenaza, dejarían a Puigdemont sin mayoría parlamentaria. Incluso dentro del propio PDECAT de Puigdemont hubo voces que cuestionaban su "estrategia". La decisión creó incluso una división dentro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con su secretariado exigiendo una pronta declaración de independencia mientras su secretario general, Jordi Sánchez, ahora detenido, mantenía una posición más conciliadora hacia Puigdemont.

Entre las bases del movimiento de independencia, en los últimos días ha habido una creciente insistencia en la necesidad de organización y de rendición de cuentas por abajo y en la necesidad de confiar en el pueblo organizado en lugar de tener fe en la UE, los mediadores internacionales, etc. También hay un creciente descontento con las presiones ejercidas por el expresidente catalán Artur Mas, la burguesía catalana y otros.

La CUP y Endavant-OSAN, la corriente mayoritaria en la dirección de la CUP, han hecho declaraciones fuertes en estas líneas. La portavoz de la organización juvenil vinculada a CUP, Arran, Mar Ampurdanés, escribió un artículo con el título "Ahora más [movilización] de la calle, ahora más Comités para la Defensa de la República", argumentando que los CDR deben fortalecerse y desarrollarse y tener su propia línea política para la movilización popular fuera de las instituciones.

Al mismo tiempo, la ofensiva judicial y represiva del Estado español ha continuado sin interrupción con la detención de los dirigentes del ANC y de Òmnium (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart), acusados de “sedición” por la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público franquista, que se ocupa de los delitos contra el Estado. También fue citado el jefe de los Mossos d’Esquadra, Trapero, pero fue dejado en libertad, aunque sigue acusado de “sedición”. Todos ellos son investigados por los acontecimientos del 20 de septiembre (cuando decenas de miles intentaron bloquear las acciones de la Guardia Civil para arrestar a funcionarios del gobierno catalán y allanar edificios del gobierno catalán), lo que marcó el inicio de la desobediencia civil masiva.

Este es un ataque escandaloso a los derechos democráticos y una venganza contra la humillación que sufrió la Guardia Civil por el movimiento de masas que retuvo durante 20 horas a miembros de este cuerpo en la Consellería de Hacienda. La jueza Lamela de la Audiencia Nacional acusa a Sánchez y Cuixart de haber alentado y organizado el movimiento que, en realidad, tuvo un carácter predominantemente espontáneo. De hecho, tanto Sánchez como Cuixart, son vistos por el movimiento como parte de su ala moderada.

Entre las opciones que está considerando el gobierno de Rajoy en la aplicación del artículo 155 (con pleno apoyo del PSOE, a quien se le ha prometido una "comisión parlamentaria para la reforma de la Constitución" que terminará en nada) son la destitución del gobierno catalán para que sea reemplazado por un gobierno tecnocrático, poner a la cabeza del gobierno catalán a un ministro del gobierno español, o colocar un gobierno multipartidista no electo. Estos gobernarían Catalunya durante seis meses y luego habría elecciones. Las nuevas elecciones catalanas serían preparadas con la ilegalización de uno o varios de las partidos independentistas para asegurarse el control del Parlament. La demanda por la ilegalización de partidos "que tienen en su programa una República Catalana" ha sido defendida por los rabiosos nacionalistas españoles de Ciudadanos, y también por el líder del PP catalán, el reaccionario García Albiol.

En realidad, Puigdemont tenía muy pocas opciones en su respuesta de ayer. O traicionar al movimiento por completo y terminar su carrera política como un traidor, o mantenerse firme y ser destituido por el Estado español, o tal vez incluso encarcelado. De haber ocurrido lo primero, no habría quedado descartado que el movimiento hubiera ido más allá de él y se negara a aceptar la decisión, abriendo una lucha por una República catalana bajo una dirección más izquierdista. En el segundo caso, la represión estatal ciertamente se enfrentaría con una resistencia feroz y podría desencadenar un movimiento de masas aún más radical, incluyendo otro paro en todo el país, huelgas y un mayor desarrollo de los CDR.

Por esta razón, él, una vez más, ha tratado de evitar una respuesta categórica al gobierno español para ganar tiempo y también culpar a la represión del otro lado. Su carta en respuesta al requerimiento de Rajoy habla del referéndum del 1 de octubre y de cómo "más de dos millones de catalanes confiaron al Parlament el mandato de declarar la independencia", pero luego no explica qué hizo el Parlamento catalán con tal mandato. Después agrega que "la prioridad de mi gobierno es buscar un diálogo de máxima intensidad". La carta termina con dos peticiones que le hace a Rajoy: "el fin de la represión contra el pueblo y el gobierno catalán" y, en segundo lugar, "organizar lo antes posible una reunión que nos permita explorar algunos primeros acuerdos". Vale la pena señalar que la declaración real de la República Catalana (que fue firmada por diputados independentistas después de la sesión formal del parlamento catalán en una sala separada) no figura entre los documentos adjuntos a la carta.

Como era de esperar, Rajoy respondió rápidamente a la carta con otra misiva en la que "lamenta haber elegido no responder al requerimiento del 11 de octubre" y le recuerda que aún tiene tiempo para cumplir antes de que expire la segunda fecha límite, este jueves. La carta, escrita en un tono muy breve, le dice que las instituciones de la Unión Europea se han aliado con Madrid en este asunto. Finalmente, la carta termina con otra amenaza: "todavía está en sus manos abrir un nuevo período de normalidad y lealtad institucional que todos le demandan. De lo contrario, será el único responsable de la aplicación de la Constitución". Traducido a lenguaje simple, esto significa "o cumples o serás aplastado". ¡Es difícil apreciar aquí el lenguaje de alguien que quiere negociar!

Los tres elementos clave en esta ecuación son:

- la voluntad del Estado español de evitar el ejercicio del derecho de autodeterminación (ya que socavaría todo el régimen de 1978)

- la incongruencia de los políticos burgueses y pequeños burgueses a la cabeza del gobierno catalán, tanto del PDECAT como de ERC, de perseguir con decisión el objetivo de una República independiente (aunque han sido empujados mucho más allá de lo que habían anticipado, debido al movimiento de las masas y a la represión estatal)

- La irrupción de las masas en la escena que puede llevar la crisis a un plano diferente.

El último factor es crucial. La irrupción de las masas en la escena del 20 de septiembre y los días que le siguieron fue un factor importante para desafiar la represión estatal. La irrupción de las masas el 1 de octubre, ocupando los centros de votación y defendiéndolos contra la policía, fue un elemento crucial para permitir la celebración del referéndum mismo. La irrupción de las masas el 3 de octubre, durante el paro, fue decisiva para empujar a los políticos burgueses y pequeños burgueses de la coalición gobernante en Cataluña a hacer algún tipo de declaración de independencia. Pero tan pronto como cesó esa presión, la presión de la UE capitalista y de los capitalistas y banqueros catalanes comenzó a dominar, lo que llevó a la declaración no concluyente del 10 de octubre.

El único camino a seguir es que el movimiento de masas se organice independientemente del gobierno catalán y adopte su propia agenda. Un primer paso importante en esa dirección fue la reunión nacional de Comités para la Defensa del Referéndum (los órganos vecinales de base creados en las últimas semanas, que en muchos lugares jugaron un papel clave en la defensa de las mesas electorales durante el referéndum del 1 de octubre). El sábado, más de 200 representantes de 91 CDR se reunieron en Sabadell para discutir qué pasos seguir en caso de la aplicación del artículo 155. Publicaron una breve declaración explicando que habían decidido coordinarse y pidieron movilizaciones masivas para oponerse a cualquier otra represión del Estado español (como la aplicación del artículo 155 o la detención de cualquiera de los citados por la Audiencia Nacional).

Ahora, esta perspectiva de retomar la movilización en la calle se ha hecho real con la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cuyo alcance veremos en los próximos días, y que podría alcanzar mayores niveles si el jueves es intervenida la autonomía catalana y es destituido el gobierno de Puigdemont.

Anteriormente hemos explicado que, en nuestra opinión, la creación de una república catalana, en el contexto del régimen español de 1978, es una tarea revolucionaria que no puede ser llevada a cabo por los débiles y vacilantes políticos burgueses del PDECAT, que ni siquiera tienen el apoyo de la burguesía catalana la cual se ha alineado abiertamente con el régimen del 78. Sólo si la lucha por una República Catalana está vinculada a la lucha para poner fin a las medidas de austeridad capitalistas, se pueden reunir las fuerzas necesarias para lograrlo. A eso debe añadirse la necesidad de que el movimiento independentista apele con más fuerza aún a las fuerzas progresistas españolas y a la clase trabajadora del conjunto del Estado para que se les una en la lucha por un cambio radical, contra la monarquía y contra el régimen del 78. Eso significa que los camaradas de la CUP, el ala anticapitalista del movimiento, deben poner estas cuestiones en el centro de su agitación y luchar pacientemente para ganar a la mayoría del movimiento desde este punto de vista. Una república catalana con un programa claro de revertir los brutales recortes y las medidas de austeridad aplicadas en la última década (tanto por parte del PP como del PDECAT) se convertiría en una propuesta muy atractiva para aquellas capas de la clase obrera catalana que aún no han sido ganadas, y también suscitaría simpatía entre los trabajadores españoles en el resto del Estado español. En consonancia con esto, también los dirigentes de la izquierda estatal de Unidos Podemos y sus confluencias tienen tareas que abordar, como abandonar su política ambigua, vacilante y miedosa que busca de un acuerdo imposible con el Estado español sobre el tema catalán, y dar un apoyo incondicional al movimiento de autodeterminación en Catalunya, llamando a movilizar en todo el Estado en solidaridad con el pueblo catalán y contra la represión de la derecha franquista y sus cómplices en el PSOE.

Que existe una base para ganar una mayoría en Catalunya para un programa socialista lo demuestran tanto las elecciones municipales de 2015 como los resultados de las dos elecciones legislativas en Cataluña en 2015 y 2016, donde quedó claro que la mayoría  rechaza la austeridad capitalista y estaría dispuesta a respaldar un audaz programa que rompa con aquélla. Una lucha exitosa por una República Catalana solo puede llevarse a cabo en este sentido. Un sector creciente de las bases del movimiento independentista está comenzando a extraer lecciones importantes de la experiencia de las últimas semanas. Una es que "sólo el pueblo salva al pueblo", la fuerza de la movilización masiva de los trabajadores como el único poder que puede desafiar la represión estatal. Dos, que no puede haber confianza en los "mediadores internacionales" ni en la UE capitalista para ayudar a los catalanes a ejercer su derecho de autodeterminación. Tres, una creciente desconfianza en los líderes del PDECAT, comenzando por aquellos que están más a la derecha y más cerca de la burguesía catalana. Estos son desarrollos positivos que deben ampliarse y profundizarse.