La entrega incondicional por ETA de su arsenal de armas a un grupo de verificadores internacionales, anunciada para el 8 de abril, es un paso consecuente con su decisión manifestada hace más de 5 años de abandonar definitivamente la lucha armada. Con este acto, ETA y el conjunto de la izquierda abertzale insisten en reafirmar su voluntad de luchar por sus objetivos a través de medios puramente políticos.

Lo que llama la atención es que el gobierno del PP de Mariano Rajoy haya despreciado absolutamente los pasos dados por ETA desde hace 5 años, incluido este último, y se haya negado hasta la fecha a entablar ningún tipo de negociación o conversaciones con ella, o con representantes suyos, para encauzar un hecho tan relevante como es el fin definitivo de su actividad armada.

Esta situación contrasta vivamente con lo ocurrido en procesos similares en los últimos años en otras partes del mundo, donde los Estados se involucraron en negociaciones directas con los grupos armados (el IRA en Irlanda del Norte, las FARC en Colombia), para abordar el abandono de la lucha armada, la eliminación de su arsenal de armas, la reinserción en la vida civil de los activistas de dichos grupos y la situación de los presos. Esto es más llamativo aún cuando anteriores gobiernos del PP y del PSOE sí aceptaron sentarse y negociar con ETA años atrás, aun cuando esta organización ni siquiera había manifestado entonces su voluntad de renunciar definitiva e incondicionalmente a la actividad armada.

El gobierno español no sólo se ha negado a negociar con ETA su entrega de las armas, sino que la ha obstaculizado deliberadamente, en colaboración con el Estado francés. Así ocurrió, por ejemplo, con la detención en diciembre de 5 personas cerca de Bayona que estaban actuando como mediadores civiles para la entrega de armas que ahora se va a ejecutar. 

El gobierno ni siquiera cumple la propia legalidad en el tema de los presos, negándose a su reagrupamiento en sus zonas de origen para facilitar el contacto con sus familiares, como está obligado, manteniendo a la gran mayoría de los presos de ETA en cárceles fuera de Euskadi y Navarra, obligando a sus familiares a desplazarse cientos y miles de kilómetros para poder visitarles, negando permisos y suspendiendo visitas con pretextos espurios. A lo largo de los años, 16 personas han fallecido en accidentes de tráfico cuando viajaban para visitar a sus familiares presos en las cárceles, según la organización Etxerat.

Los ardientes defensores de la retransmisión de la misa católica dominical en la TV pública, adalides de los supuestos valores cristianos de humanidad, reconciliación y perdón, no son solamente insensibles y vengativos ante la separación dolorosa de las familias respecto a sus familiares presos, demostrando con ello ser unos completos hipócritas en sus creencias religiosas, sino que incumplen flagrantemente la legalidad vigente, amparados por los tribunales españoles.

De esto se deduce que la derecha española (PP, Ciudadanos) no tiene el más mínimo interés en la resolución del llamado “conflicto vasco” y que espera seguir sacando réditos políticos de la actividad etarra del pasado con dos fines. El primero, mantener en un primer plano el tema del “terrorismo” para desviar la atención de la población de los verdaderos problemas sociales provocados por la crisis del capitalismo y por la propia acción reaccionaria del gobierno del PP. Y el segundo, mantener su base electoral de apoyo entre las capas más atrasadas políticamente de la población, explotando y exacerbando demagógicamente el tema de las víctimas de ETA.

En esta estrategia de mantener “vivo” el tema de ETA también colaboran sectores importantes del aparato del Estado, fundamentalmente de los cuerpos policiales y de los servicios secretos, el actual CNI. La actividad etarra siempre fue utilizada, no sólo para incrementar la represión general y endurecer el código penal tan caro a la derecha española, sino para justificar la impunidad policial, los privilegios especiales para los altos mandos policiales, y la existencia de fondos reservados que escapan a todo control y con los que se han lucrado en oscuros negocios durante décadas numerosos mandos de la policía y la guardia civil (casos Perote, Roldán, Paesa, Villarejo, por nombrar algunos de los más conocidos).

El régimen del 78 no es sólo un régimen reaccionario y caduco al que es preciso superar, sino que es el régimen del doble rasero y de la hipocresía. Quienes, en la derecha, se muestran duros y vengativos en el tema de las víctimas de ETA, son los mismos que nunca condenaron el alzamiento fascista de Franco de 1936 ni el asesinato de las cientos de miles de personas causado por la represión posterior a lo largo de 40 años. No sólo no han sido juzgados ni han purgado sus crímenes los representantes políticos de la dictadura ni de su aparato de estado, sino que notorios ministros de Franco –como Fraga, Fernando Suárez, o Antonio Carro, entre otros– con las manos manchadas de sangre por firmar penas de muerte en los gobiernos del dictador, fueron diputados del PP en la “democracia”. No por casualidad, ETA nació en plena dictadura franquista y se nutrió en su primera década y media de existencia de los crímenes sangrientos del franquismo y de la represión practicada contra el pueblo vasco en los primeros años de la Transición. Todos los medios de comunicación destacan la cifra de las 800 víctimas causadas por ETA, pero ocultan que hubo 188 asesinados durante la Transición (obreros, estudiantes, nacionalistas vascos de izquierdas) en lo que fue una práctica de terrorismo de Estado a manos de la policía, la Guardia Civil y los pistoleros fascistas, entre 1976 y 1982. Muy pocos de sus asesinos fueron juzgados y condenados, y la mayoría de ellos a penas irrisorias. Otro tanto pasó con el terrorismo de Estado practicado por los GAL, bajo los gobiernos de Felipe González, que cometieron 24 asesinatos; por no hablar de los centenares casos de tortura a los detenidos (incluyendo violaciones y abusos sexuales) del entorno de la izquierda abertzale.

Esta política represiva continúa hasta el día de hoy, con torturas, ilegalización de organizaciones políticas y de solidaridad de la izquierda abertzale, cierre de medios de comunicación, etc. y que obliga a muchos jóvenes y activistas abertzales a vivir en condiciones de clandestinidad. 

No solamente en Euskadi y Navarra. En los últimos años, los amantes de la democracia y la convivencia en paz en el gobierno del PP se han destacado por cercenar los derechos democráticos duramente conquistados con la criminalización generalizada en todo el Estado de todos aquellos que deciden luchar contra las lacras de este sistema o de quienes, desde posiciones de izquierdas, hacen canciones, chistes y comentarios en las redes sociales. Y se amparan para ello en la Ley Mordaza y las leyes antiterroristas aprobadas en años anteriores. Mientras, destacados dirigentes del PP, periodistas reaccionarios y fascistas pueden permitirse en los medios y en las mismas redes sociales proferir los insultos, amenazas y calumnias más depravados contra dirigentes de izquierdas y las víctimas de la represión franquista sin persecución alguna por la policía.

Lo más sangrante es que el viejo aparato de estado franquista se mantuvo intacto hasta nuestros días. Nunca fue purgado de fascistas y reaccionarios. Al frente del mismo siguieron los mismos jefes policiales y del ejército, los mismos torturadores y miembros de los servicios secretos, los mismos jueces y fiscales franquistas. Lo lamentable de todo esto es que los dirigentes del PSOE y del PCE tras la caída de la dictadura nunca levantaron la voz para exigir esa depuración, convirtiéndose en cómplices de este hecho, de la misma manera que fueron cómplices de la derecha postfranquista en la política de impunidad hacia los crímenes del franquismo y de la Transición.

La entrega incondicional por parte de ETA de todo su arsenal es también la constatación final del fracaso de los métodos de la llamada “lucha armada”, practicada durante 50 años por esta organización, sin haber conseguido –como en el caso del IRA en Irlanda del Norte– ni uno solo de sus objetivos. Es más, los métodos de ETA se han demostrado contraproducentes ya que han sido utilizados por los sucesivos gobiernos y el aparato del Estado para fortalecer ese mismo aparato del Estado, endurecer la represión y restringir los derechos democráticos contra todos (endurecimiento del código penal, restricciones al derecho a manifestación y a la libertad de expresión, ilegalización arbitraria de partidos políticos, cierre de medios de comunicación, etc.). La actividad armada de ETA jugó durante décadas un papel pernicioso en mellar las extraordinarias luchas del pueblo vasco por sus derechos democrático-nacionales, favoreciendo la estrategia de la reacción de introducir todo tipo de prejuicios nacionales y moralistas para aislar la lucha del pueblo vasco de sus hermanos de clase en el resto del estado. De hecho, la desaparición de la actividad armada de ETA y el avance de la lucha de masas –como se ha demostrado en Catalunya– era la precondición básica para que la defensa de los derechos democrático-nacionales de Euskadi, Catalunya y Galicia –como el derecho de autodeterminación– pudiera encontrar un eco favorable creciente entre la clase obrera y la juventud del resto del Estado español, como está sucediendo, tras ser demonizada durante décadas.

Celebramos que ETA y el conjunto de la izquierda abertzale apuesten por la vía política para luchar por sus objetivos, como muy claramente ha defendido el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Desde nuestro punto de vista, esa vía política debe estar basada en los métodos de la lucha y la agitación política de masas, las manifestaciones, las huelgas y, en un punto más elevado, a través de un movimiento revolucionario de masas. Sería un error encauzar la acción política a través de los métodos reformistas clásicos del cretinismo parlamentario, enclaustrando el programa político dentro de los límites del capitalismo, o mendigando un frente común con la burguesía vasca, siempre dispuesta a traicionar el movimiento ante la burguesía española para defender sus negocios e intereses de clase, como estamos viendo en relación al gobierno del PP, y como ha probado recientemente el apoyo del PNV al infame decreto del PP contra los estibadores, que incluye a los estibadores vascos.

La clase obrera y la juventud vasca han estado siempre a la vanguardia de las luchas y de la conciencia política en el Estado español, en los últimos 40 años. En el País Vasco fue donde la lucha contra la dictadura y durante la Transición llegó más lejos. Fueron Euskadi y Navarra los territorios del Estado español donde el voto favorable a la Constitución de 1978 tuvo el menor apoyo popular, y donde se produjo el mayor rechazo popular al ingreso en la OTAN en el referéndum de marzo de 1986. No es casualidad tampoco que en las elecciones legislativas del 20D y del 26J, Podemos y Unidos Podemos obtuvieran aquí su mayor porcentaje de votos de todo el Estado y resultaran, en el caso de Euskadi, las fuerzas más votadas.

La lucha por los derechos democrático-nacionales es inseparable de la lucha por el socialismo. Sólo la clase obrera está en condiciones de llevar hasta el final la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, y en asegurar la plena satisfacción de los derechos democráticos más avanzados, comenzando por el derecho del pueblo vasco a decidir por sí mismo qué relación quiere mantener con los demás pueblos del Estado español, incluido el derecho a formar un estado independiente.

Para conseguir esto, juntos en la lucha somos más fuertes. De lo que se trata es de afianzar la unidad en la lucha de la clase obrera y de la juventud vasca con sus hermanos de clase del resto del Estado para derrotar a nuestro enemigo común, el capitalismo y sus sostenedoras –las burguesías española y vasca– para avanzar hacia el socialismo y resolver definitivamente la cuestión nacional vasca.