Aunque transcurrió cerca de mes y medio desde la Marcha de la Dignidad en Madrid el 22 de marzo – por “Pan, Techo y Trabajo” – con un millón de participantes, este acontecimiento aún reverbera en la discusión política de los activistas del movimiento obrero y de la izquierda. Y eso, pese a que en las semanas inmediatas serán las elecciones europeas, y su resultado, lo que centrará gran parte del debate político oficial.
Editorial de Lucha de Clases Nº 17
No en vano, el 22M fue un acontecimiento político y social de enorme magnitud. Tuvo las mismas características de masividad, euforia y combatividad que vimos en las movilizaciones de los “indignados”, de las “mareas”, de las huelgas generales, etc. La pregunta que se hacen decenas de miles de activistas obreros y juveniles es ¿qué hacer ahora?, pregunta que tomará nuevo impulso cuando se disipe el humo electoral del 25 de mayo.
El valor particular del 22M es que no fue convocado ni organizado por grandes aparatos. Ni siquiera fue tomado apenas en cuenta por los medios de comunicación burgueses hasta un par de días antes; aunque luego no perdieron el tiempo durante semanas para descalificarlo y denigrarlo a cuenta de los enfrentamientos producidos con la policía al final del acto.
Esta actitud de los medios de comunicación no es casual. Tiene que ver con los objetivos políticos del 22M, que sintetizó perfectamente Diego Cañamero en su discurso de cierre del acto: “Queremos no sólo democracia para el pueblo, sino que la economía esté en manos del pueblo”. Además, el 22M fue organizado por grupos políticos y movimientos sociales afines a la izquierda claramente anticapitalistas, de diverso tamaño e influencia, incluidos sectores sindicales de CCOO, CGT, la PAH e Izquierda Unida. Y todo esto preocupa a la clase dominante.
Contra la criminalización de la protesta social
El 22M también mostró de qué manera se preparan el gobierno del PP y la clase dominante para combatir la protesta social. Numerosos testimonios, fotografías e imágenes de vídeo han demostrado inequívocamente la responsabilidad de infiltrados policiales y de elementos de extrema derecha en detonar los enfrentamientos con la policía al final del acto. Su objetivo era llenar las pantallas de TV con imágenes de violencia para diluir el impacto de la movilización de masas y tratar de desacreditarla.
La burguesía no va a desaprovechar ninguna oportunidad para criminalizar la protesta social y tratar de justificar con ello la introducción de nuevas y más agresivas leyes represivas.
Por eso, las organizaciones obreras, los movimientos sociales y la izquierda debemos tomar este tema en serio y sacar conclusiones. Hay que desempolvar del arsenal del movimiento obrero iniciativas como la organización de servicios de orden, bien nutridos y preparados, para proteger nuestros actos y manifestaciones e identificar y neutralizar a los infiltrados y provocadores, la mayoría de los cuales participan como encapuchados en las manifestaciones.
2ª Marcha de la Dignidad en otoño: 3 millones en Madrid
No hay cosa que más tema la clase dominante que ver a la clase trabajadora, a la juventud, a los vecinos de los barrios y de los pueblos, en la calle y organizados. Por eso, de lo que se trata es de cómo continuar la iniciativa de las Marchas de la Dignidad. En este sentido, la coordinadora estatal de las Marchas de la Dignidad se reunió en Barcelona el 12 de abril y acordó convocar una segunda Marcha de la Dignidad a comienzos del otoño, con el objetivo de llevar 3 millones de personas a Madrid. Previamente habría otras movilizaciones, como rodear las sedes de todos los gobiernos regionales a fines de junio.
Desde Lucha de Clases estamos de acuerdo con estas propuestas, pero creemos que alcanzar un objetivo tan ambicioso como llevar 3 millones de personas a Madrid requiere llenar de un contenido más concreto la actividad de las Plataformas de las Marchas de la Dignidad para dotarlas de un carácter de masas. Para ello, estas Plataformas deberían hacer un llamamiento público a que se incorporen a las mismas todas las organizaciones y activistas de movimientos sociales, sindicales y de izquierda. Y ampliar su cometido para implicarse en todas las luchas cotidianas que afectan a la clase obrera y demás sectores populares, apoyando y organizando medidas de solidaridad en la protesta social contra los ajustes, en los conflictos obreros, en la atención a los detenidos y represaliados en las movilizaciones, recaudando dinero para las multas, etc.
El papel de UGT y CCOO
El 22M demuestra que con la fuerza movilizada de la clase obrera, luchando por un programa claro de transformación social, sería posible levantar a la mayoría de la sociedad para hacer caer al gobierno reaccionario del PP y comenzar a revertir todos los ataques sufridos.
En realidad, el verdadero sostén del gobierno del PP no es su base social, bastante menguada; sino la absoluta pasividad de los dirigentes sindicales y del PSOE que, salvo quejas verbales, aceptan como inevitables los ataques del gobierno.
Eso está claro. Pero también existe el peligro de que la capa de activistas más avanzados menosprecie el papel de los sindicatos. Debemos decirlo claramente: sin el apoyo de un sector significativo de las bases de UGT y CCOO no hay posibilidad de poner en pie un verdadero movimiento de masas asentado en la clase obrera.
UGT y CCOO son patrimonio de la clase obrera, no de sus dirigentes. Son una palanca potentísima para organizar a los trabajadores, y vincularlos por encima de las diferencias regionales, nacionales, y de actividad económica. Las luchas más significativas de los últimos meses en diferentes empresas y sectores (barrenderos de Madrid, Coca Cola, ALSA, profesores, autobuses, metal, etc.) han sido llevadas principalmente por las secciones sindicales de UGT y CCOO. De lo que se trata no es de darles la espalda a UGT y CCOO sino de reconquistarlos para la lucha de los trabajadores.
Por eso, las Plataformas por las Marchas de la Dignidad deberían plantearse incorporar a las mismas a los activistas, delegados y secciones sindicales de UGT y CCOO más activos y combativos. Esto estimularía también la creación de corrientes de oposición entre su militancia de base que se planteen como una alternativa a las direcciones burocráticas y pasivas.
Qué programa
¿Podría avanzar el movimiento de las Marchas de la Dignidad hasta convertirse en un movimiento político? Aún es prematuro afirmarlo. Diego Cañamero, principal referente del movimiento, ha declarado que “la solución a este sistema radica en la unidad de la izquierda“. Si se avanzara por esa senda, Izquierda Unida podría jugar un papel central en su articulación y desarrollo. Ahora bien, ¿sobre qué programa?
Desde la Corriente Lucha de Clases hacemos nuestro el lema de “Pan, Techo y Trabajo” del 22M. Pero la realidad es que el sistema capitalista es incapaz hoy de satisfacer estas demandas básicas al conjunto de su población, ni en el Estado español ni en ningún país del mundo.
Hoy resulta imposible resolver ninguno de estos tres problemas si se deja intacta la gran propiedad capitalista sobre la industria, la tierra, los bancos y el comercio.
Hay 2 millones de personas con necesidad de vivienda en España, pero hay 3 millones de viviendas vacías en manos de bancos, inmobiliarias, especuladores y promotoras. Por lo tanto, la solución al problema de la vivienda pasa por expropiar estas viviendas vacías y venderlas o alquilarlas a quien las necesita por una hipoteca o alquiler social que no sobrepase, por ejemplo, el 15% de los ingresos familiares. Un gobierno obrero daría satisfacción a las necesidades sociales y terminaría con el negocio de los banqueros y grandes empresarios de enriquecerse a costa del hambre y la miseria de las familias. No es posible dar trabajo a todo el mundo sin repartir el trabajo. Pero ¿quién obliga a las grandes y medianas empresas reducir la jornada laboral sin bajar los salarios para que trabajen todos? ¿De dónde sacar el dinero para dar una Renta Básica a los desempleados sin ingresos?
De lo que se trata, por tanto, es de vincular las demandas más básicas en materia de empleo, salario o vivienda, con la necesidad de la propiedad colectiva, socialista, y gestionada democráticamente por los mismos trabajadores, de las palancas fundamentales de la economía, puestas en movimiento con el trabajo de la clase obrera.
Además de incluir reivindicaciones económicas, tenemos que plantear demandas políticas a favor de la mayor democratización posible de la vida social. Entre otras, estas reivindicaciones deberían plantear la depuración de fascistas y reaccionarios del aparato del Estado, la unión voluntaria de los pueblos y nacionalidades que componen el Estado español, la supresión de los privilegios dinásticos de la familia Borbón y la misma monarquía; y el establecimiento de una república democrática y federal que salvaguarde la propiedad común de los sectores clave de la economía; es decir, una república socialista.