Contra la monarquía y el régimen del 78, por un proceso constituyente republicano y socialista en todo el Estado.

El día de ayer, 27 de octubre, fue una jornada histórica. Por primera vez en 80 años,  se proclamaba la república como forma de gobierno en una parte del territorio del Estado español. Así, el parlamento catalán declaraba a Catalunya como Estado independiente en forma de república. El gobierno español no tardaba en responder con un auténtico golpe a la democracia, anunciando la destitución del gobierno catalán, la disolución del Parlament, y la convocatoria de elecciones en Catalunya para el 21 de diciembre, usando las atribuciones que le otorga el artículo 155 de la Constitución de 1978, avalado por el Senado con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE.

La proclamación formal de la república catalana ha golpeado el fetichismo de intocabilidad del régimen del 78 en dos de sus aspectos más antidemocráticos y reaccionarios: la “indisolubilidad de la nación española”, impuesta por la fuerza por el franquismo al término de la Guerra Civil y conservado en la Constitución de 1978; y la monarquía borbónica, una reliquia de un pasado medieval bárbaro asociada a los períodos más negros de la historia española contemporánea, que también fue una herencia impuesta por el régimen franquista en la Constitución de 1978.

Es este desafío al poder intocable del Estado, de sus jueces, de sus fuerzas represivas y de la oligarquía de las 200 familias que gobierna en la sombra, lo que la clase dominante española y sus políticos marionetas no pueden tolerar. Si hoy la gente corriente en Catalunya puede ningunear al Estado, mañana la clase trabajadora puede pretender lo mismo en el conjunto del país. Este desafío se ha sustentado en la lucha tenaz de millones de catalanes, en las urnas y en la calle, para tomar su destino en sus manos y llevar a la práctica su derecho a la autodeterminación que le ha sido negado por el Estado español a golpe de decretos, resoluciones judiciales y de porras policiales.

De un lado tenemos la batalla épica de millones de gente común, compuesta abrumadoramente por trabajadores y capas extensas de la clase media, que buscan vivir en un Estado republicano de una forma más democrática, progresista y socialmente avanzada. Del otro lado, tenemos un Estado de origen totalitario sustentado en la represión, la corrupción desenfrenada, y que sirve a los intereses de la minoría de banqueros y grandes empresarios que dominan la economía y nuestras vidas, apoyado por todas las potencias imperialistas europeas y EEUU y sus estados títeres en el resto del mundo. En esta tesitura, todo socialista revolucionario, todo activista de izquierda comprometido, todo trabajador con conciencia de clase, e incluso cualquier demócrata consecuente, no puede dudar de en qué lado posicionarse. Estamos incondicionalmente del lado del pueblo catalán y de su república y en contra de la derecha franquista, de su aparato de Estado represor y de sus aliados imperialistas. Y debemos utilizar e inspirarnos en el ejemplo valiente de la mayoría del pueblo catalán para avanzar en la misma senda en el resto del Estado español, contra el mismo enemigo: el régimen podrido del 78 y su monarquía.

Vacilaciones en la Generalitat

La declaración unilateral de independencia (DUI) por el parlamento catalán no estaba asegurada 48 horas antes. Sectores importantes del nacionalismo burgués y pequeñoburgués catalán se mostraban dispuestos a enterrar la proclamación de la república a cambio de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Rajoy, disolviendo el Parlament y convocando elecciones autonómicas, a fin de evitar la aplicación del 155. Durante la semana, sectores importantes del PDECAT con vínculos más cercanos a la burguesía catalana, encabezados por el expresident Mas y el exconseller Santi Vidal, estuvieron presionando fuertemente en este sentido. También trascendió, sin nombres, que el sector “moderado” de ERC presionaba en la misma línea. El PNV, interesado en salvaguardar sus acuerdos con el PP pero obligado a rechazar el 155, ofició de mediador entre Rajoy y Puigdemont. El PSOE, aterrado por la división en el PSC y la perspectiva de tener que avalar una fuerte represión policial en Catalunya tras la aplicación del 155, suplicaba a Puigdemont a voz en grito que convocara elecciones autonómicas a cambio de no apoyar el 155.

Finalmente, en otro de los quiebros a los que nos ha tenido acostumbrados desde el 1-O, Puigdemont anunció repentinamente la mañana del jueves 26 de octubre por las redes sociales, que iba a disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas para el 20 de diciembre, sin proclamar la independencia, a la espera de una ratificación posterior en una comparecencia ante la prensa. En ese momento, miles de estudiantes gritaban “¡Puigdemont traidor!” en la Plaza de Sant Jaume, y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, emitía un tuit con la frase: “155 monedas de plata”. ERC amenazaba con abandonar el Govern. Sin embargo, un par de horas después, con un retraso considerable, Puigdemont comparecía públicamente para desdecirse, depositar nuevamente en el gobierno del PP la responsabilidad por no haber llegado a un acuerdo, y anunciar la convocatoria del Parlament para el día siguiente a fin de que proclamara los resultados del referéndum del 1-O.

La aplicación del 155

¿Qué había pasado? Lo más probable es que Puigdemont intentara llegar a un acuerdo con Rajoy para retirar la DUI y adelantar las elecciones catalanas, a cambio de la no aplicación del 155, la anulación de los procesos judiciales abiertos contra el Govern y sus altos funcionarios, y la libertad de los dos Jordis. Pero el gobierno del PP no aceptó y decidió seguir adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que no dejaba opciones a Puigdemont, salvo la de quedar como un traidor ante sus bases, altamente movilizadas. Un gobierno y una burguesía inteligentes, con una perspectiva amplia, habría considerado la posibilidad de alcanzar un acuerdo para aparecer como los salvadores de la situación y utilizarlo para afirmar su victoria frente a un independentismo pequeñoburgués incapaz de pelear hasta el final que aparecería batiéndose en retirada. En lugar de eso, ha optado por la perspectiva de profundizar un conflicto social que podría descender de la arena parlamentaria al adoquín de la calle en una escalada represiva cuyo alcance sería imposible de prever. Pero la derecha española, la clase dominante y el aparato del Estado, si por algo destacan, son por su estrechez de miras y su carácter reaccionario y vengativo. No en vano, son hijos directos del fascismo y del franquismo. El gobierno y el Estado sufrieron una afrenta humillante por el pueblo catalán y sus instituciones y están dispuestos a cobrarse la factura, caiga quien caiga, para dar una lección.

Pero la decisión de Rajoy de limitar a 54 días la intervención de la Generalitat, hasta las elecciones del 21 de diciembre, frente a los 6 meses con que se había especulado días atrás, muestra también su miedo a la reacción popular en Catalunya y la dificultad extrema de tomar posesión un aparato autonómico complejo y dirigirlo, donde sus funcionarios, incluso en las fuerzas policiales de los Mossos, estarían rodeados de un enemigo hostil, y donde cualquier accidente o provocación podría precipitar un estallido social de consecuencias imprevisibles. Seguramente, el gobierno español acaricia la idea de que el independentismo boicotee las elecciones, o se divida entre los partidarios de participar y los que no, para que eso garantice una mayoría españolista en el futuro Parlament. Pero incluso, en ese caso, una mayoría españolista en el Parlament carecería de la base social suficiente para gobernar con autoridad, asumiría la política de recortes y austeridad que ha venido aplicando Junts pel Sí y que éste ha conseguido hacer pasar como un mal menor inevitable hasta proclamar la independencia. Pero el grueso de la población catalana no tendría la misma “comprensión” ante un Govern dominado por la derecha españolista al que vería, pese a todo, como producto de un golpe institucional.

Pero Rajoy también se enfrenta a la posibilidad de que el independentismo catalán, ante su incapacidad y falta de voluntad de defender la República por métodos revolucionarios, acepte el desafío y se presente a las elecciones con una posibilidad clara de reeditar su mayoría absoluta, volviendo la situación al punto de partida. La profundización de la política represiva judicial contra Puigdemont y demás consellers apretaría las filas del independentismo y proporcionaría nuevas banderas para movilizar a sus bases en estas elecciones.

Por su parte, el PSOE ha quedado nuevamente atado al carro del régimen del 78. El “giro a la izquierda” de Pedro Sánchez ha resultado ser un gran “bluff”, haciéndose corresponsable de la política represiva del PP y de Ciudadanos en Catalunya, y haciendo cada vez menos creíble su pretensión de presentarse como una alternativa a Rajoy. Los réditos que esta política le dará fuera de Catalunya son discutibles, y dentro de Catalunya serán demoledores. Lo que va a quedar claro es que las expectativas hacia un PSOE renovado y hacia la izquierda han sido sepultadas en la conciencia de cientos de miles que prestaron oído a la demagogia de Pedro Sánchez en las primarias socialistas.

Unidos Podemos y la cuestión catalana

La posición de los dirigentes de Unidos Podemos y de los Comunes en todo el tema catalán ha sido lamentable, con vacilaciones continuas y, por momentos, bastante pusilánime. Primero, anunciaron que participarían en un eventual referéndum convocado por la Generalitat, como una forma de “movilización popular”; luego, cuando este fue convocado se asustaron por la presión del españolismo y declararon que no participarían; más tarde, ya en septiembre, cuando se inició la ofensiva represiva del PP y la población catalana comenzó a movilizarse masivamente a favor del referéndum, cambiaron de opinión y, atropelladamente, volvieron a defender su participación en el mismo, no sin grandes enfrentamientos entre la posición valiente de Podem y su dirigente, Albano Dante, de implicarse en el mismo y reconocer su resultado, y la posición oficial de Podemos de no estimular la participación.

Posteriormente, tras el 1-O, nuevamente asustados y aprisionados ante la extraordinaria movilización popular y las amenazas del régimen español, se han prestado a la confusión, declarando su oposición a las medidas represivas de Rajoy pero declarando “ilegal” e “ilegítima” la DUI, desmovilizando a las capas más vacilantes, dentro y fuera de Catalunya, que comenzaban a mirar con simpatía el 1-O y el paro general del 3-O, facilitando la propaganda de la derecha española entre estos sectores en relación al respeto a la “legalidad” y al nacionalismo españolista reaccionario. En la práctica, la consigna de Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau de “ni 155, ni DUI”, equivalía al final a justificar el 155, una vez que el Parlament llevó adelante la DUI, como ha declarado sin sonrojo Alberto Garzón, quien ha culpado en un tuit de la aplicación del 155 a la “irresponsabilidad” de Puigdemont.

Pablo Iglesias ha declarado en la misma línea que: "La decisión de los partidos que gobiernan en Catalunya favorece la estrategia del PP y va a permitir que sigan sin hablar de corrupción y de los problemas que afectan a la mayoría de los españoles". Es decir, se culpa al Parlament catalán por lo sucedido, no al carácter reaccionario del PP y del régimen del 78.

Alberto Garzón ha llevado una política particularmente oportunista repelente, cediendo a la presión del régimen y del aparato de IU, cuando tachaba por igual de “irresponsables” a Rajoy y Puigdemont por no “negociar”, cuando Garzón sabe perfectamente que la burguesía española jamás negociará ningún referéndum pactado sobre la autodeterminación catalana porque la “unidad indisoluble de España” forma parte de su ADN. Esto debe arrancarse con una movilización social que rebase la “legalidad” del régimen y es lo que ha hecho valientemente una parte sustancial del pueblo catalán.

Garzón ha querido justificar también su posición con una demagógica postura “obrerista”, diciendo que no le gustan los nacionalismos ni las banderas, demostrando así que, en su neutralidad ante el conflicto de Catalunya, ha terminando apoyando “por pasiva” al nacionalismo español reaccionario, que es el que están en situación de superioridad por su carácter opresor. Quien no distingue entre naciones opresoras y naciones oprimidas, entre las aspiraciones progresistas y democráticas del derecho a la autodeterminación y a una república democrática –como representa el nacionalismo catalán en este caso particular–  y el nacionalismo opresor, imperialista, del ordeno y mando, de estirpe franquista, representado por la derecha española, no sólo carece del derecho de llamarse comunista –como pomposamente se reclama en su último libro– sino también de demócrata consecuente.

Este “obrerismo” simplón está de más especialmente en relación a la cuestión nacional catalana, porque si algo han demostrado los acontecimientos de las últimas semanas es que la burguesía catalana, sin fisuras, se ha alineado con la burguesía española contra su pueblo, anunciando el traslado de la sede social de más de 1.000 empresas de todo tipo.

En el fondo, lo que tenemos aquí es el fracaso de la política reformista en un periodo de agudas tormentas sociales y que pone la Revolución a la orden del día. La paradoja es que una dirección nacionalista pequeñoburguesa, vacilante y por momentos dispuesta a traicionar, como en el caso del movimiento por la autodeterminación catalana, ha terminado encabezando un movimiento popular de millones que ha utilizado métodos semirrevolucionarios y de desobediencia civil de masas que han puesto en jaque al régimen del 78 y a su aparato de Estado, en lo que Juan Luis Cebrían califica cínicamente hoy en un artículo en El País, como “la más seria amenaza contra la democracia española desde que se aprobara la Constitución”. Claro que esto lo dice el hijo del que fue director del diario falangista “Arriba” y jefe él mismo de los servicios informativos de televisión Española en los últimos años de la dictadura franquista, aún en vida de Franco.

Cuando en Catalunya, un sector considerable de las masas se lanza por el camino del desafío abierto al régimen, nuestros dirigentes en Unidos Podemos y los Comunes, que en la víspera se llenaban la boca hablando de “proceso constituyente”, de “empoderar al pueblo”, y de “romper el candado al régimen del 78”, al final se achantan y amilanan, y se empecinan en que el movimiento abandone la calle y la desobediencia civil, y se reconduzca dentro de las instituciones desacreditadas del régimen del 78 y apueste por una negociación imposible con aquél. Un papel particularmente penoso lo han jugado también los sectores más derechistas de Podemos, como el errejonismo o Carolina Bescansa, de quienes es conocida su aversión a todo movimiento de masas que amenace con desbordar la apacible vida institucional, e hipersensibles al látigo disciplinador de los medios de comunicación burgueses.  

Culpar al movimiento de masas de Catalunya, como hacen Iglesias y Garzón -por no hablar de los sectores a su derecha en sus organizaciones-, de haber fortalecido al régimen reaccionario español por haber ido demasiado lejos en su audacia y en su espíritu revolucionario por cambiar las cosas, es una indignidad. Lo que ha demostrado precisamente el magnífico movimiento popular en Catalunya es que sólo a través de la movilización de masas y la creación de organismos populares de lucha, como los Comités en Defensa del Referéndum y de la República, es cómo se puede poner en crisis al régimen del 78 y a la monarquía, y abrir una senda de transformación radical de la sociedad. Lo único que podemos lamentar del movimiento, o más exactamente de su dirección, por el momento, es no haber ido mucho más lejos en su alcance y no haberse extendido por todo el Estado, para dar una pelea lo más amplia posible al régimen del 78 en el conjunto del Estado.

Lo que Garzón e Iglesias deben hacer es organizar el movimiento de respuesta en el resto del Estado contra la represión en Catalunya, vinculándolo a la necesidad de echar al PP para terminar con su política antisocial y neofranquista. Deben pasar de las palabras a los hechos y actuar en consecuencia. Es un paso adelante que el compañero Pablo Iglesias se haya manifestado a favor de inscribir en las banderas de lucha de Podemos la España republicana como parte de la lucha contra el régimen del 78. Lo que hay que explicar es cómo conseguir esto. Y el movimiento en Catalunya nos da las claves de cómo, en las condiciones del capitalismo español, cualquier demanda democrática profunda, como el derecho de autodeterminación o la República, sólo puede conseguirse con métodos revolucionarios de lucha y en un combate claro contra la oligarquía de las 200 familias, es decir. en un combate contra el capitalismo mismo.

¿Qué hacer ahora?

El movimiento por la república en Catalunya es muy profundo y abarca a capas más amplias que las procedentes del nacionalismo. La intervención de la autonomía catalana por parte del Estado incrementará la rabia y determinación de luchar de millones. La consigna del momento debe ser el desacato al artículo 155 y a sus medidas, y defender las instituciones amenazadas con la lucha de masas: manifestaciones, declarando la huelga general, rodeando y ocupando  los edificios oficiales, etc.

El Govern afirma que permanecerá en su puesto, pero no se pueden aceptar sus frases tranquilizadoras cuando tampoco han dado ninguna consigna tendente a la movilización popular para oponerse a la ofensiva del Estado. Hay que confiar sólo en la propia movilización de masas y en la autoorganización popular.

Ya los trabajadores de la CCMA (TV3, Catalunya Ràdio, ACN, etc) han declarado que no aceptan el 155 y que no aceptarán una directiva impuesta. El sindicato mayoritario de la enseñanza pública (USTEC-STEs) se ha declarado contrario al 155 y que no va a colaborar con la intervención de Ensenyament. El sindicato mayoritario de la administración pública (CATAC) también se ha pronunciado contra el 155 aunque no ha llamado a la desobediencia. Algunos sindicatos pequeños han registrado ya la convocatoria de una huelga general a celebrarse en un plazo de 10 días. Ese es el camino a seguir, acción obrera y de masas contra el 155 para hacerlo inaplicable, en lugar de aceptar los ceses (como ya ha hecho el director de los Mossos, Pere Soler).

Lo más importante es desarrollar la autoorganización popular. Los elementos de esta última ya existen, y están actuando. Abarcan ya a miles de activistas organizados y movilizados a través de los Comités de Defensa de la República, de los que existen más de un centenar en toda Catalunya y ya se han dotado de una coordinación nacional.

De lo que se trata ahora es de extender en el plazo más breve posible los CDRs por todo el territorio catalán, fundamentalmente en las ciudades y barrios obreros, a fin de alcanzar a las capas más amplias de la clase trabajadora. Deberían convocarse asambleas vecinales en cada barrio para formar estos CDRs allí donde aún no se han organizado, y de ser posible dentro de empresas, fábricas y oficinas, y elegir representantes para una nueva asamblea nacional de CDRs que se proponga como la más genuina representación del pueblo catalán.

La CUP ha jugado un papel principal en el impulso de los CDRs, aunque no ha sido la única en hacerlo, y ese debería seguir siendo su cometido principal. Los dirigentes del PDeCAT y ERC pretenden que la nueva representación popular surja de la asamblea de cargos electos, alcaldes y concejales, no sometidos a control alguno por abajo; pero ya hemos conocido las vacilaciones y maniobras de estos dirigentes en estas semanas. Los CDRs tienen la obligación de disputar la dirección del movimiento al nada confiable nacionalismo burgués del PDeCAT y al vacilante nacionalismo pequeñoburgués de ERC.

Una asamblea nacional de CDRs debería plantearse la organización de una huelga general bien convocada contra la intervención de la autonomía catalana y contra las medidas represivas del gobierno central. Para ganar a la mayoría de la clase trabajadora para la lucha activa contra la intervención del Estado y el establecimiento de un gobierno del pueblo que lo represente, los CDRs deben dotarse de un programa que vincule la lucha por una República Catalana con la lucha contra la austeridad, los recortes y por recuperar y avanzar en los derechos sociales. Hay que exigir al Govern de la República que haga efectivas inmediatamente todas las leyes progresistas (pobreza energética, contra los desahucios, etc) que el Tribunal Constitucional había vetado. La campaña de la izquierda independentista y de los CDRs de los últimos días por "República ahora, pan, trabajo y techo" es un paso importante en esa dirección que hay que profundizar con la adopción de un programa socialista claro que vincule la defensa de las reivindicaciones más inmediatas en materia de empleo, salarios, jornada laboral, vivienda, infraestructuras de los barrios, etc. y contra las privatizaciones de los servicios públicos, con la nacionalización de la banca y las grandes empresas, bajo control obrero, como única manera en que el pueblo catalán podrá ser dueño de sus recursos para reorganizar la economía en base a las necesidades de la aplastante mayoría.

Ganar el apoyo de la clase obrera con una política internacionalista

Debemos ser honestos y hablar claro. La república catalana ha acumulado una fuerza poderosa, expresada en el apoyo activo de millones formados por trabajadores, desempleados, jóvenes y pequeños propietarios del campo y de la ciudad. Estas son las fuerzas vitales de la sociedad catalana. Pero debe reconocerse que aún falta conseguir el apoyo decidido de un sector significativo de la clase obrera catalana que recela de los objetivos de la república, que desconfía de los dirigentes nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses, que está preocupada por sus empleos y pensiones ante la guerra económica lanzada por las burguesías española y catalana; o que, simplemente, siente perder sus lazos y vínculos con sus hermanos de clase del resto del Estado.

Es imprescindible ganar a estas fuerzas de la clase para la perspectiva de una república socialista no sólo para ampliar significativamente la base social de sustento de la misma, sino para evitar que el nacionalismo españolista pueda manipular la incertidumbre y dudas razonables de estas capas y utilizarlas para dividir a la clase trabajadora, enfrentándolas con el resto de sus hermanos trabajadores catalanes ya ganados para el movimiento. Si esta tarea permanece sin cumplir, la posibilidad de una república socialista catalana no podrá llevarse a cabo. Decimos más. Enfrentada a un enemigo poderoso, como el Estado español, coaligado con todas las potencias imperialistas europeas, la revolución catalana no puede quedar aislada, hay que extenderla más allá de sus fronteras, como trataron de hacer hace 100 años los bolcheviques en Rusia tras el triunfo de la Revolución de Octubre. Esto implica, en primer lugar, tratar de extender la lucha por la república y el socialismo al resto del Estado español. Esta será la manera más efectiva de debilitar a la reacción españolista contra Catalunya en su propio terreno y de extender, al mismo tiempo, la lucha contra el régimen del 78, por la república y el socialismo, fuera de Catalunya.

La CUP, en particular su corriente Endavant, y los sectores de izquierda de Podem y los Comunes tienen una responsabilidad especial en esto. No es la hora de la diplomacia. Es mucho lo que hay en juego. Hay que decir claramente lo que se necesita hacer.  Admiramos en los compañeros de la CUP y de los demás sectores de la izquierda revolucionaria catalana su abnegación, sacrificio, honestidad, entrega y capacidad de lucha. Pero una táctica correcta para ganar a la clase obrera tiene tanta o más importancia que la mera disposición a luchar. La izquierda revolucionaria catalana debe sacar conclusiones. Es indispensable hacer un llamamiento explícito a la clase trabajadora española, a sus organizaciones y a las corrientes y partidos de izquierdas españoles, a que sigan el ejemplo de Catalunya, a que se levanten contra el régimen del 78 y la monarquía.

Una genuina política internacionalista por parte de la izquierda catalana será la mejor manera de conseguir vencer los recelos que puedan existir en las diversas capas de la clase obrera, dentro y fuera de Catalunya, para que se unan a la lucha por la república y el socialismo.

La lucha por una república socialista catalana no puede ni debe ser un fin en sí mismo, sino –como hemos mencionado otras veces– la chispa que encienda la revolución en la península ibérica y más allá.