El jueves 23 de octubre medio millón de trabajadores colombianos participaron en un día de huelga general convocada por la confederación sindical CUT. La huelga fue particularmente fuerte entre los trabajadores púbicos y profesores, pero afectó a todos los sectores de la economía. Hubo manifestaciones masivas en más de 40 ciudades de todo el país con 50.000 en la capital Bogotá.

La huelga fue convocada para rechazar la declaración del estado de excepción (estado de conmoción interior) por parte del presidente Uribe para aplastar la prolongada huelga de los trabajadores del sector judicial. El gobierno reaccionario de Uribe se está enfrentando a una creciente oleada de huelgas y protestas de trabajadores y campesinos.

El 15 de septiembre, 18.000 cortadores de caña de azúcar fueron a la huelga, exigían salarios y condiciones laborales decentes. 32.000 trabajadores del sistema judicial también fueron a la huelga el 2 de septiembre, a lo que ahora debemos añadir las huelgas de profesores, trabajadores del transporte, de la Oficina Nacional del Censo, etc., Decenas de miles de campesinos indígenas también han estado en lucha desde mediados de octubre exigiendo la reforma agraria y el respeto de sus derechos. Ahora decenas de miles de campesinos indígenas han comenzado una marcha hacia El Valle para reivindicar sus derechos. El movimiento ya se ha extendido a 16 de las 32 regiones del país y crece según pasan los días a pesar de la represión gubernamental.

La recuperación del movimiento de los trabajadores y los campesinos es destacable en un país donde el Estado capitalista está actuando al unísono con los escuadrones de la muerte paramilitares, que utiliza la violencia legal e ilegal, asesinatos (41 sindicalistas han sido asesinados ya este año), contra cualquier intento de los trabajadores y campesinos de organizarse y defender sus derechos.

Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia del Estado han aparecido en un escándalo que el 23 de octubre obligó a dimitir a la responsable de la DAS (Agencia de Seguridad Administrativa), María Pilar Hurtado. Ha sido acusado de firmar órdenes para vigilar a parlamentarios de la oposición, incluido Alexander López, que ha estado apoyando el movimiento de cortadores de caña de azúcar y de campesinos indígenas. Las órdenes de la responsable de la DAS incluía reunir información sobre contactos entre los parlamentarios de la oposición y "personas que pudieran servir como testigos contra el gobierno".

Hurtado fue nombrada por Uribe en agosto de 2007 para sustituir a Jorge Noguera, que destituido en 2005 en otro escándalo en el que fue acusado de pasar información de inteligencia a grupos paramilitares.

Después de un período en el que el gobierno Urbe aparentemente había conquistado a la opinión pública gracias a los serios golpes que había dado a las FARC, ahora se está enfrentado al crecimiento movimiento de trabajadores y campesinos.

Source: El Militante