Hace un año, el referéndum de la independencia catalana del 1 de octubre se convirtió en un punto de inflexión en toda la situación política de Catalunya y del Estado español. Lo que llamamos el "octubre republicano" se caracterizó por una abrupta entrada de las masas en la arena política. Vimos una impresionante movilización desde abajo que desafió al aparato del Estado y la vacilación de los dirigentes de la Generalitat, convirtiéndose en uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentó el régimen del 78 en 40 años.
Un año más tarde, los miembros del gobierno catalán que convocaron el referéndum están en la cárcel sin fianza (a la espera de juicio por rebelión) o en el exilio. Docenas de activistas republicanos han sido acusados de cargos que van desde la incitación al odio hasta el terrorismo, y algunos también han sido obligados a exiliarse. Existe una amenaza permanente de que el Estado español intervenga y suspenda los poderes delegados de las instituciones catalanas. El gobierno catalán acepta los límites establecidos por el Estado español.
"Ni olvido, ni perdón"
El aniversario del referéndum del 1 de octubre estuvo marcado con bloqueos de carreteras y acciones callejeras por parte de los Comités de Defensa de la República que surgieron hace un año. Los estudiantes se declararon en huelga y marcharon en una sólida manifestación de 50.000 por las calles de Barcelona. Por la tarde, cientos de miles marcharon en Barcelona y otras ciudades bajo el lema "1 de octubre, ni olvido ni perdón". El ambiente era combativo y desafiante, pero también muy crítico con los líderes del movimiento de independencia en el gobierno catalán.
Existe una creciente frustración ante el hecho de que los partidos que respaldan al gobierno actual en Barcelona (el PDECat y ERC, nominalmente independentistas) hablan de "hacer de la República Catalana una realidad" y de "implementar la voluntad de la gente expresada en el referéndum", pero en la práctica se circunscriben a los límites determinados por el Estado español.
En el mitin al final de la manifestación, el presidente catalán, Quim Torra, fue abucheado. "El pueblo manda, el gobierno obedece", fue la consigna que se escuchó. Más tarde, la policía catalana (los Mossos) cargó contra grupos de activistas independentistas que llegaron a las puertas del Parlamento catalán y también frente a la sede central de la comisaría de la Policía Nacional, en Via Laietana. La brutalidad de la represión policial contra los partidarios de la independencia (y su indulgencia ante los provocadores de extrema derecha) ha llevado a pedir la renuncia del Conseller de Interior catalán, Miquel Buch.
Sacar las lecciones
Un número creciente de personas en el movimiento de independencia se están dando cuenta de que es necesario extraer todas las lecciones de lo que sucedió hace un año. Cientos de miles de personas comunes, organizadas desde abajo, a través de comités, garantizaron la apertura de los centros de votación, desafiando el poder del Estado español. Los defendieron ante la brutal intervención policial. Sin estos esfuerzos, no habría habido referéndum.
La estrategia de los líderes del gobierno catalán equivalía a convocar el referéndum con la esperanza de utilizarlo como una herramienta de negociación con el Estado español, o para forzar la intervención de la UE si eso fallaba. La idea de desobediencia civil masiva nunca entró en sus cálculos. Lo único que cambió todo fue la entrada decisiva de las masas en la escena, el 1 de octubre y luego durante la huelga general del 3 de octubre. El movimiento adquirió rasgos insurreccionales. El Estado español se había comprometido a evitar que se llevara a cabo el referéndum y utilizó el poder de sus cuerpos de hombres armados para ese efecto. Fracasaron. El referéndum tuvo lugar. El pueblo había ganado.
Al día siguiente, los políticos nacionalistas y pequeñoburgueses formalmente al frente del movimiento, quedaron paralizados. Vacilaban y titubeaban. El 10 de octubre, declararon la República, pero inmediatamente anunciaron la suspensión de tal declaración. Pidieron al Estado español que negociara. El Estado español emitió un ultimátum. El gobierno catalán vaciló de nuevo. Finalmente, el 27 de octubre, declararon la República, pero simplemente como un gesto simbólico, sin ninguna intención ni ningún plan para defenderla. Algunos se fueron al exilio, otros esperaron a ser removidos de sus puestos y luego fueron arrestados.
El Estado español no vaciló. Disolvió el gobierno catalán y el Parlament y convocó elecciones anticipadas. Los partidos a favor de la independencia volvieron a ganar las elecciones, pero la justicia española vetó la formación de un nuevo gobierno catalán hasta que se eligió un presidente que no estuviera acusado por su participación en el referéndum. La mayoría independentista del Parlamento catalán protestó, pero aceptó las limitaciones impuestas por el Estado español.
¡Contra el capitalismo, por la república catalana!
Las constantes vacilaciones y retrocesos por parte de los nacionalistas pequeñoburgueses han provocado un sentimiento de frustración, pero también una creciente oposición contra ellos entre las filas del movimiento republicano catalán. Los Comités de Defensa de la República y la CUP han pasado a tomar sus propias iniciativas separadas para movilizar a las masas, oponiéndose al gobierno catalán durante los eventos que conmemoran el primer aniversario del referéndum.
El referéndum de la independencia catalana hace un año está lleno de lecciones. En el contexto del régimen de 1978 del Estado español, la autodeterminación solo puede lograrse por medios revolucionarios. El pueblo usó medios tales como movilizaciones de masas, organización de las bases, acción directa y huelgas generales. Los políticos nacionalistas pequeñoburgueses no estaban dispuestos a seguir ese camino y llevaron el movimiento a un callejón sin salida.
La conclusión es clara: para que el movimiento avance se requiere una dirección que se base firmemente en los métodos que la gente utilizó hace un año para garantizar que se llevara a cabo el referéndum. A través de sus propias experiencias, miles de activistas están llegando a esa conclusión.
Los CDR y la CUP tienen una enorme responsabilidad sobre sus hombros. En el aniversario del referéndum, las acciones de protesta comenzaron a tomar un carácter anticapitalista, con mítines frente a los bancos, acción directa contra los desahucios de viviendas y el cierre de la Bolsa de Barcelona. Este es el camino a seguir. La lucha por una República catalana y contra el régimen del 78 solo puede tener éxito si utiliza métodos revolucionarios y adopta un perfil anticapitalista, que atraiga la solidaridad y el apoyo del resto del Estado español.