Finalmente, tras 4 días de negociaciones intensas los 27 países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo sobre el llamado Fondo de Recuperación, cuantificado en 750.000 millones de euros. El gobierno español dice que el acuerdo es muy ventajoso para el país, y la derecha en general también se ha mostrado satisfecha. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: un acuerdo ventajoso, ¿para qué clase?

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El aspecto más novedoso de este plan de rescate general de la economía europea es que, por primera vez en la historia de la UE, se destinan subsidios directos a los países, a fondo perdido. Es decir, que no se devuelven. Sin embargo, el plan inicial de 500.000 millones de euros por este concepto se redujo finalmente a 390.000 millones. Los restantes 360.000 millones hasta completar los 750.000 millones de euros, serán préstamos a devolver, frente a los 250.000 millones proyectados inicialmente. Esta reducción de 110.000 millones de euros en subsidios directos ha sido el “pago” que ha debido hacerse para contentar al grupo de países ricos del norte de Europa más renuentes a financiar este plan: Holanda, Austria, Dinamarca, y Suecia.

No ha sido el único “pago” que han recibido estos países a cambio de firmar el acuerdo. Todos ellos, más Alemania, verán reducida su contribución anual a la UE en 7.603 millones de euros, pagando bastante menos de lo que les correspondería por PIB per cápita.

Claro está que no es del todo exacto que los 390.000 millones en subsidios directos serán a fondo perdido, porque este dinero tiene que venir de algún lado y alguien deberá pagarlo. Esto se hará con deuda pública mutualizada; es decir, que la UE se endeudará emitiendo bonos de deuda que deberán financiarse a cargo del presupuesto de la Unión, de manera que indirectamente este fondo será pagado por todos los países de la UE, y el Estado español deberá aportar su parte a través de la contribución anual que realiza a la UE.

España recibirá 140.000 millones, el segundo país que más fondos recibirá después de Italia. 72.000 millones de euros vendrán de subsidios directos y 68.000 millones serán préstamos que deberá sumar a la ya abultada deuda pública de 1,14 billones de euros. Así la deuda pública española se incrementará un 6% sólo por este concepto. No está de más recordar que fueron también alrededor de 68.000 millones de euros lo que nos costó el rescate al sistema financiero en 2008-2012, rescate que fue utilizado para justificar gran parte de las políticas de recortes sociales y de austeridad que sufrimos durante la última década. Esto obligará en los próximos años a incrementar las partidas presupuestarias para pagar la deuda pública, muchos más de los 30.000 millones de euros que se pagan ahora anualmente, y que eternizarán los ajustes, recortes sociales y austeridad en un escenario de estancamiento económico sin final a la vista.

Hay que decir que gran parte de estos 140.000 millones de euros irán a pagar la factura de los gastos extraordinarios que el gobierno ha hecho y sigue haciendo para sostener la economía y las rentas empresariales y salariales vía ERTES, y otras. Sólo hasta septiembre el Estado gastará 11.000 millones de euros en los ERTES (entre pago de salarios y bonificaciones a la seguridad Social de las empresas), que no estaba previsto desembolsar a comienzos del año. Otros varios miles de millones han ido a pagar los ingresos de los autónomos. Los gastos en sanidad pública y privada derivados de la epidemia de Covid-19, más la compra extraordinaria de material (mascarillas, jabón hidroalcohólico, batas, respiradores, etc.) han sido cuantiosos también, aunque no se ha ofrecido todavía una cifra de lo que está suponiendo. El Estado también ha destinado 10.000 millones de euros para rescatar “empresas estratégicas”. Con esto queremos decir que la mayor parte del dinero a fondo perdido, por ejemplo, será utilizada para tapar agujeros, no para desarrollar las fuerzas productivas del país.

El gobierno apuesta por emplear este dinero en lo que llaman “la “economía digital” y en la “transición verde”. El proyecto es ahorrar tiempo y costes con una interconexión digital y telemática a todos los niveles, la generalización de aplicaciones informáticas en ordenadores y teléfonos móviles para todo tipo de gestiones, compras, etc. Por otro lado, se trata de inversiones para disminuir la dependencia energética de los combustibles fósiles, apostando por las llamadas “energías renovables. Como siempre, las grandes obras de infraestructura y de modernización económica son asumidas fundamentalmente por el Estado, a través de deuda pública, de las que se beneficiarán las empresas privadas que harán aportaciones menores.

Más allá de estos planes reales o hipotéticos, lo fundamental es un aspecto que el gobierno ha hecho pasar como elemento secundario, aunque la derecha sí lo ha resaltado demagógicamente por sus propios intereses cínicos, y es que el desembolso del dinero, que comenzaría en enero de 2021 no es incondicional. Cada país deberá presentar una propuesta de a dónde destinará los fondos, pero la última palabra la tendrá una Comisión que deberá dar el visto bueno.

Como explica El País:

“El documento firmado fija que los planes deberán ser coherentes con las recomendaciones específicas formuladas por el Ejecutivo comunitario –reformas que van desde el ámbito laboral hasta el de la educación o la renta mínima—, el crecimiento potencial, la creación de empleo, la resiliencia social y económica y las transiciones verde y digital… La Comisión pedirá entonces al Comité Económico y Financiero que evalúe el cumplimiento de esos programas para que la Comisión siga desembolsando dinero.”

Y en caso de que la citada Comisión considere que se incumplen las recomendaciones planteadas se aplicaría un “freno de emergencia” que paralizaría los desembolsos pendientes.

Esto nos intranquiliza bastante. Las familias trabajadoras ya tenemos experiencia de los que significa la palabra “reformas” en boca de los burócratas autoelegidos de Bruselas. Hasta ahora ha significado: contrarreformas laborales y de las pensiones, aumento de impuestos indirectos (IVA, y otros), recorte del gasto público, privatizaciones, etc.

Y una de estas condicionalidades podría ser no tocar la reforma laboral del PP. Así El País, declaraba en otra nota titulada La presión de Bruselas complica al Gobierno los cambios en la reforma laboral: "El Ejecutivo de Sánchez no considera ahora una prioridad la contrarreforma, pero asegura que no renuncia a ella".

Hasta qué punto esto es un deseo de El País o un hecho contrastado por este medio, lo veremos las próximas semanas. En cualquier caso, es un aviso de las presiones colosales que el gobierno sufrirá, también dentro de él mismo, para que mantenga lo fundamental de la política antisocial y de ajuste del PP, legada por la crisis anterior.

Por ello nos parece muy irresponsable que los dirigentes de Unidas Podemos traten de vender la idea de que no va a haber ajuste ni austeridad con el acuerdo alcanzado, sencillamente porque no es verdad. Los problemas estructurales de debilidad de la economía española, elevada deuda pública, recortes, baja inversión privada, sistema productivo orientado al consumo y no a la producción, etc. permanecerán. Y nos preocupa que las promesas "estrella" del gobierno de coalición sigan en el aire: ¿Qué pasa con la reforma laboral del PP? ¿Qué pasa con la Ley Mordaza? ¿Y con la obligatoriedad y gratuidad de la educación de 0 a 3 años? ¿Qué pasa con las medallas de los torturadores y la investigación del saqueo y robo a las propiedades de las víctimas del franquismo? Más aún, ¿qué pasa con Nissan? ¿Y con Alcoa? ¿Qué hay de la explotación brutal de los temporeros agrícolas por los esclavistas de la patronal agraria? ¿Qué hay de la política de vivienda y energética? ¿Seguirán dictando los vampiros de las constructoras, fondos buitre y energéticas quién accede a bienes básicos de vivienda y suministro energético si tiene el suficiente dinero para pagarlo? Atender y satisfacer estas demandas y preocupaciones de las familias trabajadoras sí daría consistencia y un apoyo sólido a este gobierno, de lo contrario, éste se evaporará tarde o temprano.

En cualquier caso, la clase trabajadora debe rechazar las promesas tranquilizadoras del gobierno, que pese a tener una mayoría absoluta sólida de 180 diputados de izquierda en el Congreso que acuerdan con lo fundamental de su programa de gobierno en sus aspectos más progresistas (152 de PSOE y Unidas Podemos, y 28 de la izquierda nacionalista y regionalista) parece tener mil y una ataduras invisibles con los grandes empresarios y banqueros que le impiden avanzar en políticas de ruptura con el legado del PP. Así el gobierno se muestra impotente ante los miles de despidos industriales que estamos viendo por toda la geografía del Estado.

La clase trabajadora debe confiar solamente en su propia fuerza, organización y conciencia y exigir lo que le corresponde: empleo fijo y digno, salarios y condiciones laborales decentes, servicios sociales plenamente equipados, acceso sin trabas a la vivienda, la educación, le ocio y la cultura, pensiones dignas garantizadas y empleo para la juventud.

El capitalismo es incapaz de otorgar todo esto. No es un problema de tener buenos o malos negociadores en Bruselas, es la incapacidad de asegurar un futuro a las familias trabajadoras mientras la sociedad esté organizada para dejar miles de millones de euros de beneficios a un puñado de banqueros, empresarios, fondos buitre e inversores. De lo que se trata es de utilizar la riqueza, el conocimiento, la tecnología y la cultura acumulada para planificar los recursos en interés de la mayoría de la sociedad.

Frente a la UE capitalista, del enfrentamiento Norte-Sur, del racismo, de la opresión imperialista y de la explotación capitalista, oponemos una economía socialista con la nacionalización bajo control obrero de todas esas grandes empresas, bancos y haciendas agrícolas en cada país, barriendo las fronteras interiores del continente, e integrando todos los recursos en unos Estados Unidos Socialistas de Europa.