El atolladero. Bien pudiera definirse así la situación de bloqueo que atraviesa la política española en los últimos nueve meses tras las dos elecciones vividas desde el 20 de diciembre pasado. Unidos Podemos debe de significarse como una alternativa consecuente frente a los retrocesos sociales, dejando en claro las raíces sociales e históricas de las fuerzas reaccionarias que los impulsan, como muy bien hicieron a principios de septiembre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en el debate parlamentario. Pero esto no basta, la arena parlamentaria es insuficiente.

Editorial Lucha de Clases nº 35

El complicado ruedo ibérico

Desde el campo de la clase trabajadora y de los  sectores populares golpeados por la crisis los resultados electorales de junio pasado de Unidos Podemos, que no confirmaron las expectativas esperadas, supusieron un choque innegable. Probablemente este choque ha puesto fin definitivamente al periodo de ilusión electoral que siguió a las movilizaciones gigantescas que alumbró el 15M. En este sentido, la idea que había en sectores amplios de nuestra clase de poder transformar la realidad social de forma inmediata a través de los procesos electorales ha quedado en gran medida atrás.

Sin embargo, también en el campo de la burguesía la frustración es evidente. Los grandes empresarios y banqueros necesitan un gobierno estable ante un escenario económico internacional cada vez más complicado, donde el crecimiento español de los últimos años ya alcanzó su cénit. Los 71 diputados de Unidos Podemos (UP) y sus confluencias electorales aliadas son suficientes para impedir un gobierno de la vieja y nueva derecha del PP y Ciudadanos, toda vez que el furor antinacionalista catalán y vasco de la formación naranja impide un acuerdo con los partidos burgueses de dichas nacionalidades.

Incluso, aunque más adelante la situación declinante de la economía mitigue los aires chovinistas de la derecha españolista, obligándoles a un pacto con los nacionalistas vascos y/o catalanes, requieren del concurso del PSOE para aprobar leyes fundamentales.

Al fin y al cabo, lo que precisan los capitalistas españoles no es ganar una sola votación parlamentaria que garantice meramente la investidura de uno de los partidos que defienden su orden. Necesitan garantizar la gobernabilidad durante un periodo que se acerque lo más posible a una legislatura completa para garantizar la máxima estabilidad, lo que implica decenas y decenas de votaciones de presupuestos y leyes fundamentales que no pueden correr el riesgo de perderse.

Las elecciones del 25 de septiembre

El "no" del PSOE al PP era necesario a corto plazo para salvar en lo posible sus resultados electorales del 25 de septiembre en el País Vasco y Galicia, precisamente lugares ambos donde se esperan resultados de Podemos y En Marea superiores a los del partido de Pedro Sánchez.

La burguesía está presionando con todas sus fuerzas para que después el PSOE se avenga a facilitar el gobierno del PP. Es una posibilidad clara que ello suceda.

Pedro Sánchez, que evidentemente es un político proburgués, refleja sin embargo los intereses de una parte del aparato del PSOE que, tras lo que ha ocurrido en Grecia, teme "pasokizarse" frente a UP y perder toda capacidad de influencia política. Este sector no quiere arrimar graciosamente su cuello debajo de la guillotina de la historia que supone amparar al gobierno del dirigente del PP que tiene el menor apoyo popular conocido.

A cambio de apoyar con su abstención la investidura de un gobierno de la derecha, los dirigentes del PSOE demandan las suficientes concesiones por parte de éste que hagan lo más digerible posible a su electorado dicho apoyo, empezando por la cabeza del propio Rajoy.

Pero Rajoy es el dirigente que da estabilidad a las diferentes frondas que amenazan al corrompido PP, donde no hay un solo aparato regional del partido que se salve de cualquier clase de latrocinio, que se supera sin dificultad cada poco. Él no va a ceder en su pretensión de ser Presidente del gobierno.

Algunos dirigentes del PSOE estarían dispuestos a pasar directamente a la oposición después de unas nuevas terceras elecciones si con ello logran mermar la base parlamentaria de UP. Hasta cierto punto este es un debate especulativo y se zanjará en el Comité Federal del PSOE que haya después del 25S, donde el sector que está más firmemente controlado por la burguesía intentará lograr la abstención del PSOE para un segundo proceso de investidura del PP.

El declive económico

Hasta ahora, el crecimiento económico español se vio impulsado por el drástico descenso de los precios del petróleo, junto con la subida del turismo debido a la insurgencia fundamentalista en otros países competidores con el nuestro en este sector de la economía. Además, los efectos de las reformas laborales potenciaron una degradación de las condiciones de trabajo y salariales que han reducido los costes de producción, reflejándose esto en un incremento de las exportaciones españolas en los últimos años.

Los últimos datos de agosto de la Encuesta de Población Activa muestran cómo en los cuatro años y medio transcurridos desde que se inició la legislatura de Rajoy, la afiliación a la Seguridad Social sólo avanzó en medio millón de ocupados, hasta los 17,7 millones. Sin embargo, la masa salarial anual de los asalariados ha disminuído en 20.000 millones de euros con respecto a noviembre de 2011. Este dato por sí sólo explica cómo el crecimiento ha sido raquítico y ha sido posible incrementado la explotación de la clase trabajadora, sin parangón en las últimas décadas.

A pesar de estas condiciones atractivas para la inversión capitalista, que han tenido en los dos últimos años un efecto innegable en cierto crecimiento de la economía del que tanto se vanaglorió el PP, el escenario económico internacional a la baja acabará primando sobre el discurrir futuro de la economía española. El comercio mundial lleva retrocediendo más de dos años: China, Japón, Latinoamérica y Alemania ven reducir su crecimiento económico o directamente entran en recesión. Estados Unidos se apresta a subir los tipos de interés, precisamente cuando los niveles de deuda pública son los más altos de la historia, lo que tenderá a empujar hacia arriba el coste de financiación de todos los países.

Al mismo tiempo, el recurrente incumplimiento del déficit público en España ha llevado a la Comisión Europea a activar el mecanismo por el que pueden intervenir las cuentas del gobierno español. Por tanto, la política económica española cayó este verano bajo tutela de la Comisión Europea y ésta tiene la potestad incluso de especificar qué partidas quiere ver recortadas y por cuánto, lo que ya ha sido especificado por dicho organismo: en función del déficit exacto al que llegue el Estado español en diciembre, habrá entre 8 y 9.000 millones de euros de ajuste estructural del gasto, independientemente de las subidas de impuestos que quiera adoptar el futuro gobierno. En los hechos, desde julio el Ministerio de Hacienda está forzando a las comunidades a realizar ajustes extras por varios miles de millones de euros.

Ya está habiendo movilizaciones en agosto y septiembre que anticipan un otoño caliente en este sentido, sobre todo en la sanidad y educación.

Unidos Podemos puede representar una alternativa

UP debe de significarse como una alternativa consecuente frente a los retrocesos sociales, dejando en claro las raíces sociales e históricas de las fuerzas reaccionarias que los impulsan, como muy bien hicieron a principios de septiembre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en el debate parlamentario. Pero esto no basta, la arena parlamentaria es insuficiente.

UGT y CCOO han convocado movilizaciones en todo el Estado para el 20 de septiembre contra el tratado comercial EEUU-UE del TTIP. Frente a los retrocesos laborales expuestos por PP-Ciudadanos, tal como se plasmó en sus acuerdos, han apelado a la movilización social, llegando incluso a afirmar el Secretario de UGT-Catalunya que están dispuestos a convocar Huelga General. UP debe salir del ensimismamiento parlamentario en que se ha sumergido para retomar la calle como eje central de su acción política, tal como han demandado muchos compañeros como Garzón o Monedero. No sólo debe unirse a las movilizaciones convocadas por los sindicatos, sino abanderar el más amplio frente de protesta social que sirva para proteger los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad.

Existe un amplio desencanto social con el que debemos conectar, y que no se expresó en los últimos comicios electorales, donde vimos un incremento de la abstención. La fase electoral ya no da mucho más de sí. En cambio, más tarde o más temprano cristalizará un amplio movimiento que retomará la iniciativa de la movilización, capturando el interés y la participación de millones, respondiendo con ello a los ataques a los derechos sociales que impulsarán nuestros enemigos de clase y sus representantes políticos. Ahí es donde debemos hacernos fuertes.